El Poder Judicial dictó este martes 18 meses de prisión preventiva contra la fiscal Elizabeth Peralta, quien fue apartada preventivamente de su cargo debido a su implicación en una trama de tráfico de influencias y sobornos junto al presentador de televisión Andrés Hurtado. La decisión fue tomada por el juez supremo Gustavo Álvarez, quien debía determinar si aplicaba la medida cautelar o permitía que la magistrada continuara el proceso en libertad.

Álvarez declaró fundado el recurso de apelación del Ministerio Público contra el auto de primera instancia que dictaba comparecencia para Peralta y le impuso prisión preliminar para asegurar su presencia en el proceso, dada la gravedad de los cargos. Asimismo, ordenó la emisión de los oficios necesarios para ejecutar su “ubicación y captura”.

Este lunes, se había realizado la audiencia para desempatar la división en la Corte Suprema, donde tres magistrados se mostraban a favor de la prisión preventiva y tres preferían mantener la comparecencia. Durante la sesión judicial, el juez supremo dirimente expresó su inquietud respecto a la línea de defensa de Peralta, llevada por el abogado Benji Espinoza.

“Ha citado la jurisprudencia y doctrina, pero luego no menciona que en realidad ella no ha mentido y señala una serie de situaciones que serán analizadas. La pregunta es con qué argumento suyo me quedo para efectos de decidir: si la conducta de su defendida es en línea de ajustar sus actos a los requerimientos de la autoridad competente, o ejerce su derecho a guardar silencio o faltar a la verdad en línea de defender su posición procesal”, agregó.

Comunicado de Fiscalía sobre Elizabeth Peralta

Álvarez, quien finalmente se adhirió al voto de sus colegas María Altabás, Norma Carbajal y Saúl Peña, indicó que emitiría su resolución en el día, con “la celeridad que corresponde”. Peralta está implicada en la presunta trama corrupta junto con el empresario Javier Miu Lei y el conductor televisivo, quien actualmente se encuentra recluido en el penal de Lurigancho.

Imputaciones

Los hechos atribuidos a los imputados se desglosan en tres eventos principales. Primero, Peralta es acusada de ofrecer influencias para devolver oro incautado a Miu Lei, a cambio de un millón de dólares. En el segundo evento, la magistrada, a través de Andrés Hurtado, habría solicitado o recibido 80,000 dólares para influir en una investigación por lavado de activos contra la compañía Paltarumi, competidora del empresario.

El tercer evento involucra a Peralta y Hurtado, quienes habrían pedido 100,000 dólares a la familia de Iván Siucho, actual confesor sincero del caso, para detener una investigación contra Quantico Servicios Integrados. Al conocer el caso, Siucho entregó 20,000 dólares, pero al no completar el monto, la investigación se inició. El Ministerio Público tiene un comprobante de depósito a la empresa de Hurtado como evidencia.

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