El Gobierno evalúa qué hacer con el Presupuesto 2025, mientras que los gobernadores reclaman fondos. Nadie quiere que se repita el estrés parlamentario de la Ley Bases. Entonces, sobre la mesa, aparece la obra pública, tan reclamada por provincias, empresarios y hasta algunos economistas.
Algunos números oficiales que obtuvo LA NACION arrojan información importante sobre ese debate. El año comenzó con 2677 proyectos a cargo del Estado nacional, pero solo 62 registraron avances hasta octubre pasado. Los datos surgen de la respuesta del Ministerio de Economía a un pedido de acceso a la información pública.
Se trata de un punto central en la dinámica económica del país. A lo largo del año, la Casa Rosada negoció para transferir un paquete de iniciativas a los gobernadores. Si bien la expectativa oficial es que el sector privado se encargue de ellas y que las provincias sean más activas, los números oficiales hasta el momento muestran que esa dinámica aún no arranca.
Esas 62 obras se reparten entre 17 jurisdicciones. Esto significa que en Santa Cruz, Chubut, Mendoza, Entre Ríos, Jujuy, Catamarca y Formosa no avanzó ninguna de las que estaban a cargo del Estado Nacional. En simultáneo, en la provincia de Buenos Aires se registraron trabajos en 20 proyectos, en la Ciudad de Buenos Aires, en ocho, y en Santa Fe, en cuatro. Estas tres integran el podio, muy diezmado. En Córdoba, el tercer distrito en cantidad de población, solo se observó progreso en una obra.
Su gobernador, Martín Llaryora, consultado sobre las demandas de las provincias hacia el Gobierno en relación con la discusión del Presupuesto 2025, habló de las cajas previsionales, pero también mencionó el asunto de los proyectos de infraestructura. “Hay determinadas obras públicas que se deben hacer porque no llegan ni los gobernadores, ni el capital privado, pero esa es una decisión del Poder Ejecutivo”, deslizó.
El debate por el futuro de la obra pública está en boca de quienes jamás podrían ser acusados de querer un Estado más grande. Por caso, Juan Carlos De Pablo, uno de los economistas más cercanos al presidente Javier Milei, hizo advertencias en distintas ocasiones. “El reemplazo de la obra pública por la privada suena muy lindo. ¿Pero dónde está?”, cuestionaba desde mayo.
Incluso el Grupo de los Seis, que nuclea a las principales cámaras empresariales del país, manifestó críticas. Los que más vociferaron fueron el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, y el de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, quienes hablaron del costo argentino por dificultades en la logística adjudicadas a la falta de infraestructura.
Sólo para poner un número de lo que el sector privado reclamó para hacer mantenimiento de obras y no para iniciar nuevos proyectos, Weiss sostuvo: “La inversión para mantener lo que tenemos debería ser de US$15.000 millones por año”.
De acuerdo con la respuesta de Economía, las obras que avanzaron representaron transferencias por $12.719 millones.
Por otro lado, la información también permite destacar a dónde fue destinado el dinero. Al tener en cuenta al universo de obras que avanzaron, las ubicadas en Santa Fe, gobernada por el radical Maximiliano Pullaro, son las que más transferencias recibieron. Fueron, en total, unos $6.710 millones. Entre las que absorbieron esos recursos se destacan proyectos destinados a la seguridad y el acueducto San Javier, que tiene como propósito abastecer de agua potable a 124.000 personas.
La segunda entre las provincias que más fondos absorbieron para proyectos que avanzaron en 2024 es Buenos Aires, con $1.779 millones, en su mayoría destinados a la obra de ampliación del Río Salado para aumentar su caudal de agua y evitar inundaciones. Las obras en la Ciudad de Buenos Aires recibieron $1.107 millones. Entre ellas, se destacan los proyectos en el Hospital Garrahan.
La lista de provincias con obras a cargo de Nación que avanzaron y absorbieron fondos se completa con San Juan, Misiones, Tucumán, Córdoba y Corrientes.