El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado en la mañana de este jueves la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, aprobada el pasado 4 de noviembre en el Parlamento regional Con los votos de PP y Vox.
La derogación contiene el texto idéntico al publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el 12 noviembre, y cuenta con la firma de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que afirma en el preámbulo que esta ley «nació muerta» porque quienes la promovieron, el PRC y el PSOE durante la anterior legislatura, no pretendieron «el consenso ni en la forma ni en el fondo» y «ni siquiera» admitieron «el diálogo» entorno a esta norma.
«De una Ley que pretendía reparar a las víctimas de la violencia política durante la II República, la Guerra Civil y la Dictadura podría haberse esperado un cierto grado de consenso que supusiera, en efecto, una auténtica reparación. Pero la Ley no pretendió el consenso ni en la forma ni en el fondo: ni lo alcanzó en su tramitación, ni lo alcanzó en su contenido. Quien la promovió no lo buscó: ni siquiera admitió el diálogo. Por esa razón la Ley nació muerta», señala la presidenta cántabra, esta vez en el BOE.
El PP de María José Sáenz de Buruaga llevaba en su programa electoral la derogación de esta ley, que se ha tramitado en la Cámara regional por la vía de urgencia gracias al apoyo de Vox a los ‘populares’, que consideraban esa norma un «ataque a la convivencia y a las libertades democráticas».
Además, Buruaga critica que la ley se aprobó tras rechazar los grupos que sustentaban al gobierno bipartito «todas las propuestas de diálogo planteadas desde la oposición» y sin la aprobación de ninguna de las 160 enmiendas registradas entonces por PP, Cs y Vox, con lo que, a su juicio, la «voluntad de diálogo» de regionalistas y socialistas «quedó en evidencia».
Para la presidenta del PP, la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, que quedó derogada oficialmente el 13 de noviembre tras su publicación en el BOC, es «todo lo contrario» a los «grandes acuerdos de la Transición» ya que se basa en «la imposición de los puntos de vista, los recuerdos y las medidas reparadoras concebidas por un único sector político, en exclusiva y con el rechazo a las opiniones de todos los demás».