Con 137 legisladores sentados en sus bancas, inició este mediodía la sesión en Diputados para discutir el proyecto que busca combatir la ludopatía. La iniciativa es fuertemente resistida por la Asociación de Loterías, Casinos y Quinielas de Argentina (Alea), que ven en esta propuesta una amenaza a su poder de operatoria y recaudación. Si la Cámara baja le imprime la media sanción, el texto deberá pasar por el Senado para convertirse en ley.

Dieron el presente la mayoría del bloque de Unión por la Patria (UP), parte de la UCR, una porción menor de los radicales de Democracia, un sector de Encuentro Federal (EF), la Coalición Cívica (CC), Innovación Federal y la Izquierda.

Se discutirá un proyecto consensuado entre referentes de estas bancadas que, entre otras cosas, prohíbe la difusión de juegos de apuestas online y limita su publicidad en las transmisiones de fútbol profesional. Además, apunta a crear un abordaje integral para tratar la adicción de juegos de azar virtuales en niños y adolescentes. Según pudo saber LA NACION, se está negociando la inclusión de un artículo que invita a las provincias a adherir a esta norma. Este punto podría retrasar la aplicación de las limitaciones a las casas de apuestas, dependiente de las jurisdicciones provinciales, cuyas legislaturas deberán dar aval los cambios.

El Pro y La Libertad Avanza (LLA) se rehusaron a aportar número para abrir el debate en mayoría. Tampoco lo hicieron seis diputados de Democracia: Mariela Coletta, Danya Tavela, Carla Carrizo, Melina Giorgi, Marcela Antola y Juan Carlos Polini. Muchos de ellos responden al vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, aliado del binguero radical Daniel Angelici en la ciudad de Buenos Aires. De la UCR, tampoco dio quorum el legislador porteño Martín Tetaz.

“Llamó a todo el mundo”, indicó sobre Angelici un diputado de la oposición más crítica. Esta referencia se reprodujo entre varios legisladores, quienes admitieron que el binguero se comunicó para evitar que se sentaran en sus bancas este mediodía. LA NACION contactó al referente radical, pero no obtuvo respuesta.

Tras la obtención del quórum, los diputados del bloque oficialista así como el conducido por Cristian Ritondo se sentaron en sus bancas. Lo mismo hicieron los radicales faltantes, tanto de la bancada de Rodrigo de Loredo (UCR), como la de de Pablo Juliano (Democracia).

Los puntos salientes del proyecto

El objetivo general es regular el alcance de las apuestas para proteger a menores de edad, prevenir el juego compulsivo y limitar la influencia de la publicidad.

• Publicidad y promoción: Se prohíbe la promoción de juegos de azar y apuestas (incluidas deportivas y en línea) en todos los medios de comunicación actuales y futuros, como redes sociales, televisión, radio, cartelería, podcasts, festivales culturales, entre otros. Se prohíbe la publicidad indirecta o encubierta a través de influencers, infomerciales o figuras públicas. Solo estará permitida la publicidad dentro de salas de juegos y agencias autorizadas, con la condición de incluir la leyenda “El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia”, junto con un canal de ayuda para personas afectadas.
• Bonos y patrocinios: No se permiten bonos de bienvenida ni el patrocinio de equipos deportivos, deportistas, estadios, o eventos culturales.
• Restricción a menores: Los operadores de apuestas en línea deben implementar sistemas de verificación biométrica (reconocimiento facial) conectados al Registro Nacional de las Personas (Renaper) para validar la identidad y edad al registrarse y al iniciar sesión. También deben implementar esta verificación las billeteras virtuales.
• Registro Nacional de Autoexclusión (ReNA): se crea el ReNA para que las personas puedan autoexcluirse de juegos de azar y apuestas en línea. Las inscripciones pueden realizarse por plataformas virtuales, teléfono o web. Familiares cercanos pueden pedir la inclusión de una persona con ludopatía en el ReNA. El afectado será citado para decidir su inscripción. La autoexclusión es voluntaria y permanece hasta que el inscrito solicite su cese.
• Requisitos para operadores: Deben brindar información clara sobre reglas, probabilidades y operaciones del juego. Permitir acceso al historial de juego y comportamiento del usuario. Mostrar herramientas de asistencia para ludopatía y prevención. Impedir el acceso a menores y personas registradas en el ReNA. Implementar límites automáticos para sesiones de juego. Incluir una sección sobre prevención de ludopatía con herramientas de autoevaluación. Informar la edad mínima permitida y emitir recordatorios de tiempo invertido.
• No pueden obtener permiso de operadores quienes tengan deudas con el Estado o estén inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios; hayan sido condenados por delitos relacionados con fraude, lavado de dinero, juego clandestino u otros en los últimos cinco años; estén vinculados a funcionarios de la autoridad reguladora o actividades deportivas; estén en concurso preventivo sin acuerdo homologado o judicialmente inhabilitados; sean representantes de personas jurídicas involucradas en irregularidades legales.
• Modificación a la ley del deporte: no pueden formar parte de listas electorales en asociaciones civiles deportivas quienes tengan vínculos directos o indirectos con empresas de apuestas en línea.
• Regulación de medios de pago: solo se podrán usar tarjetas de débito y billeteras electrónicas con límites diarios. No se permite el uso de tarjetas de crédito ni de cuentas vinculadas a ANSES para apuestas. El usuario puede retirar dinero de apuestas previa validación biométrica.
• Campañas informativas: se realizarán campañas sobre juego responsable y prevención de ludopatía. Las escuelas deben incluir actividades sobre los riesgos de las apuestas en línea, educación financiera y herramientas para detectar ludopatía.
• Multas: se aplicarán sanciones económicas en UVA (500 a 100,000 unidades) por incumplimientos de la ley. Los directivos de empresas infractoras serán responsables junto con la entidad.
• Delito de juego no autorizado: Se establece prisión de 3 a 10 años y multas por operar apuestas sin autorización, con penas más severas si involucra menores.