La administración del presidente Joe Biden anunció este miércoles un nuevo paquete de sanciones contra 21 altos funcionarios venezolanos, en respuesta al fraude electoral del pasado 28 de julio y la intensificación de la represión por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Según un comunicado del Departamento del Tesoro, las medidas apuntan a líderes de organismos clave como la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Milicia Bolivariana y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Estas sanciones, implementadas a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), bloquean cualquier propiedad o interés en bienes de los sancionados en Estados Unidos, además de prohibir transacciones con entidades estadounidenses. “Estas acciones buscan responsabilizar a quienes han permitido y ejecutado actos antidemocráticos y violaciones sistemáticas de derechos humanos”, destacó el comunicado oficial.
A continuación, se detalla la lista de funcionarios venezolanos señalados por Estados Unidos bajo la Orden Ejecutiva 13692, que sanciona a quienes contribuyen a la crisis política, económica y humanitaria en Venezuela:
Funcionarios militares
- Rubén Darío Santiago Servigna: General de brigada del Buró Nacional de Policía (BNP) desde 2023.Responsabilidad: Operativo electoral de seguridad ciudadana y represión de manifestantes.
- Alexis José Rodríguez Cabello: Director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).Vínculo: Primo de Diosdado Cabello Rondón, sancionado desde 2018 por la OFAC.Responsabilidad: Detenciones de periodistas y represión vinculada al proceso electoral.
- Javier José Marcana Tabata: Jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y de la Guardia de Honor Presidencial.
- Orlando Ramón Romero Bolívar: Comandante de la Milicia Bolivariana desde 2024.Responsabilidad: Participación en actos represivos junto a las Fuerzas Armadas.
Funcionarios civiles
- Aníbal Eduardo Coronado Millán: Ministro de la Oficina del Presidente y Monitor de Desempeño Gubernamental desde abril de 2024.Vínculo: Responsable de coordinar acciones relacionadas con fraude electoral y represión.
- William Alfredo Castillo Bolle: Viceministro de Políticas Antibloqueo desde 2022 en el Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior.
- Ricardo José Menéndez Prieto: Vicepresidente de Planificación desde 2014.Anteriormente: Ministro de Educación Superior, Industria y Ciencia, Tecnología e Industria Intermedia.
- Freddy Alfred Nazaret Ñáñez Contreras: Ministro de Comunicación y Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo.Vínculo: Figura clave en el control mediático del régimen.
- Daniella Desiree Cabello Contreras: Presidenta de la Agencia de Promoción de Exportaciones desde septiembre de 2024.Vínculo: Hija de Diosdado Cabello Rondón, sancionado desde 2018.Responsabilidad: Liderar proyectos de diversificación económica y exportaciones.
- Julio José García Zerpa: Ministro de Servicios Penitenciarios desde 2024.Responsabilidad: Supervisión de cárceles señaladas por condiciones inhumanas, represión y hacinamiento crítico.
- América Valentina Pérez Dávila: Segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional.Vínculo: Apoyo a la proclamación fraudulenta de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de julio de 2024.
Fraude electoral y represión
Las elecciones del 28 de julio han sido ampliamente condenadas por la comunidad internacional como fraudulentas. Observadores independientes y registros electorales indicaron que el resultado legítimo favoreció al opositor Edmundo González Urrutia, quien fue obligado a exiliarse tras la emisión de una orden de arresto en su contra.
En su lugar, Maduro se autoproclamó ganador, desatando una oleada de represión contra simpatizantes de la oposición y manifestantes pacíficos. Líderes opositores, como María Corina Machado, han enfrentado amenazas y procesos judiciales calificados de políticamente motivados.
Ampliación de medidas
Las sanciones forman parte de la Orden Ejecutiva 13692, que busca responsabilizar a los funcionarios que socavan la democracia en Venezuela. Hasta el momento, más de 180 individuos y 100 entidades vinculadas al régimen han sido sancionados por la OFAC.
En paralelo, el Departamento de Estado impuso restricciones de visado a funcionarios implicados en el fraude electoral y la represión. Estas medidas se suman a acciones previas, como la incautación en septiembre de un avión utilizado por el gobierno de Maduro.
Con estas acciones, Estados Unidos refuerza su compromiso de presionar al régimen de Maduro y apoyar los esfuerzos internacionales para restaurar la democracia en Venezuela.
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