MENDOZA.– El exjuez federal Walter Bento, enjuiciado bajo la acusación de liderar una banda que cobraba coimas a cambio de beneficios a presos, logró la prisión domiciliaria “por razones humanitarias” después de varios pedidos. Sin embargo, la medida, para cuidar a su hijo discapacitado y a su esposa, accidentada, es temporal y con “límites”, por lo que en 15 días deberá regresar al penal en plena montaña mendocina.
“Volver a la cárcel, vuelve”, se escucha en los pasillos de los tribunales federales mendocinos, con cierto alivio, tras conocer los alcances de la decisión que tomaron las magistradas que lideran el juicio en contra de quien fuera uno de los funcionarios judiciales más poderosos de la provincia del oeste argentino.
Amigos y enemigos del juez Lijo
Por tal motivo, las diversas fuentes consultadas por LA NACION coincidieron en que se trata de una decisión “correcta” del tribunal que juzga al exjuez, al tiempo que aclararon que es un “claro mensaje” de que deberá responder en el banquillo de los acusados por cada una de sus acciones, “sin miramientos”. Consideraron que no existe riesgo de fuga, ya que fue obligado a portar una tobillera electrónica y bajo control permanente de las fuerzas de seguridad, más allá de la visita de sus íntimos y de sus representantes legales. “No tiene escapatoria, y deberá responder por cada delito cometido”, afirmaron.
“Le han puesto un claro límite y eso está perfecto. Es un mensaje”, expresó a este diario un importante referente de la causa que tiene en vilo a la justicia federal mendocina. Otro allegado al caso consideró que, incluso, llegarán más solicitudes para el cuidado de su mujer, Marta Boiza, quien fue sometida recientemente a una intervención quirúrgica tras un altercado con un periodista y sufrió una infección en la pierna, pero que será por un tiempo prudencial. “Hay que entender que seguirá pidiendo alguna extensión, pero está claro que eso se va a terminar; no hay que preocuparse”, indicó.
En tanto, la resolución del tribunal también hace foco en la necesidad de atención que demanda el hijo de ambos, Facundo, quien presenta una discapacidad mental que requiere cuidados especiales, más allá de la presencia de sus hermanos, Luciano y Nahuel, o de los asistentes de la obra social del Poder Judicial.
“Volver a la cárcel, vuelve. Aún cuando muestre una conducta ejemplar y se someta a las condiciones”, sumó un funcionario del fuero penal, dejando en claro que no reviste preocupación la medida que tomaron las magistradas del TOF 2 Gretel Diamante, Carolina Pereira y Eliana Rattá.
“Es muy importante que le dispusieran la portación de la tobillera. Aunque quiera decir que se portó conforme las exigencias, lo cierto es que con el dispositivo no puede hacer otra cosa”, aportó otra fuente consultada, despejando las dudas y suspicacias que surgieron tras la decisión que tomaron las juezas.
De acuerdo con la resolución judicial, hay tres medidas clave que Bento deberá cumplir a rajatabla. La primera indica: “La colocación de un dispositivo electrónico de monitoreo y control, como condición previa y necesaria para hacer efectiva la morigeración”. La segunda disposición establece: “Limitar, mientras dure la morigeración de la detención, el ingreso al domicilio solo del núcleo familiar primario y de los abogados defensores de Walter Bento, personas que se ocupen de la salud y atención de Facundo, como también servicios de asistencia de salud que ingresen para la familia en general”. En tanto, la tercera condición, aclara: “Requerir a la administración del Barrio Privado Palmares informe de manera semanal las personas que ingresan al barrio con destino a la casa de Walter Bento”.
El destituido magistrado federal, que estaba detenido en la cárcel federal de Cacheuta desde hace un año, accedió este lunes al beneficio de la prisión domiciliaria por razones humanitarias durante dos semanas, por lo que deberá volver a su celda una vez que se cumpla el plazo establecido. El exjuez está acusado no sólo por liderar una banda que cobraba coimas a presos a cambio de beneficiarlos –está procesado en más de 15 casos de cohecho–, sino por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, entre otros delitos.
En las diferentes audiencias del juicio que se sigue en tierra cuyana, con una treintena de acusados, vienen desfilando una serie de testigos que complican la situación de Bento, acerca de miles de dólares que se solicitaban desde la supuesta organización a los abogados de los internos para acceder a mejoras procesales o directamente a la libertad. Se trata de un largo camino aún por transitar en los tribunales, que tendría una definición a mediados de 2025.