El juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado por la filtración de los correos de Alberto González Amador ha ordenado al Ministerio Público conservar las imágenes de las cámaras de seguridad de la sede de la calle Fortuny por una posible “conversación” entre el investigado y la teniente fiscal del Supremo mientras los agentes de la UCO de la Guardia Civil practicaban el registro en su despacho.
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que representa una de las acusaciones populares en la causa, solicitó la comparecencia de un testigo que aseguraba haber visto a García Ortiz “examinando un móvil” junto a María de los Ángeles Sánchez Conde, su número dos y máxima autoridad del Ministerio Público en el Tribunal Supremo. El testigo es el también fiscal del Supremo Salvador Viada, exportavoz de la APIF, según consta en el escrito que presentó la asociación ante el juez.
Ahora, el magistrado Ángel Hurtado dicta una providencia, a la que ha tenido acceso Infobae España, en la que ordena a los servicios de seguridad de la Fiscalía conservar las imágenes de “las cámaras que enfocan el salón noble ubicado en el patio central del edificio” de la calle Fortuny, “al menos, en el espacio de tiempo comprendido entre las 18:00 y 19:45 horas”.
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