El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales ha recurrido la decisión de la magistrada que instruye el conocido como ‘caso Supercopa’, Delia Rodrigo, de seguir adelante con la intención de que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) realice un informe en el seno de la causa. Entiende que es una competencia «que no le incumbe».
El recurso de la defensa de Rubiales, al que ha tenido acceso Europa Press, se dirige en apelación ante la Sala de lo Penal y en el mismo se recoge que inicialmente la IGAE había declinado realizar ese informe sobre los acuerdos firmados por la RFEF con Sela Export Company Limited –compañía estatal saudí– para la celebración en Arabia Saudí de la Supercopa.
Y ello porque la IGAE sólo tiene competencias en el sector público y la RFEF «está sujeta a normativa privada». Por eso, la defensa no entiende que ahora sí pueda realizarlo bajo el cariz de unidad de apoyo a la Fiscalía Anticorrupción.
«El planteamiento de la decisión judicial abona la tesis de admitir sin ambages que la IGAE que presta auxilio a la Fiscalía extiende sus competencias fuera de su ámbito legal de actuación, adentrándose en terrenos que le están vedados, en este caso determinar el procedimiento legalmente correspondiente en el desarrollo de la contratación de una entidad privada», añade.
MANIOBRA PARA SORTEAR UNA LIMITACIÓN
Para los letrados de Rubiales, permitir ese informe es aceptar «que se maniobre para sortear una limitación» competencial de ese organismo público, y añade que sostener lo contrario «quebraría las costuras del principio de seguridad jurídica y, muy especialmente, de legalidad».
Añade, además que «la irrupción de la IGAE, con competencias exclusivas en el sector público, es una anomalía inasumible», y subraya que aunque las defensas puedan aportar otros informes periciales al respecto, «eso no subsana la disfunción que se produce con la emisión de un informe pericial de contenido jurídico sobre normas de derecho privado».
Así, resalta que la de la IGAE es en realidad una «pericial de complacencia». «El informe que se pretende no es más que una reflexión jurídica (disfrazada de presunto punto de vista económico) acerca del procedimiento a seguir por la aplicación de una normativa interna, respecto de un contrato suscrito entre dos entidades de naturaleza jurídico privada», abunda.
Y puntualiza que «ni la interpretación del contrato privado requiere un especial conocimiento técnico-jurídico que la instructora no posea, ni la normativa de la RFEF es de tal complejidad que exija acudir a peritos legales externos que prestan apoyo a la acusación pública».
En el seno de esta causa, la instructora ha acordado la devolución de los efectos personales que se encontraban en el interior de uno de los vehículos –un Porsche– requisados al investigado Francisco Javier Martínez Alcaide ‘Nene’ después de que la Unidad Central Operativa (UCO) ha confirmado que no eran de interés para la investigación.