La fiscal especializada en lavado de activos Elizabeth Peralta, apartada preventivamente de su cargo por estar implicada en una trama de tráfico de influencias y sobornos junto con el conductor de televisión Andrés Hurtado, se quebró este miércoles en una audiencia en la que se evaluó el pedido de 18 meses de prisión preventiva en su contra.
La sesión fue presidida por el juez supremo dirimente, Saúl Peña, convocado por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia. La fiscal adjunta suprema Alejandra Cárdenas presentó los fundamentos de apelación para revocar la comparecencia restringida e imponer la medida contra la magistrada, quien se declaró maltratada por el Ministerio Público.
Cárdenas recordó el allanamiento a Peralta, donde se halló un USB que contenía un audio en el que presuntamente recomendaba que las investigaciones de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez, se gestionen por separado, presuntamente en beneficio de este último.
En el operativo también elementos comprometedores, como una billetera con un ticket aéreo, anotaciones con números de cuentas bancarias y teléfonos, y una maleta con ropa y artículos personales, además de manuscritos con instrucciones para borrar el respaldo de su WhatsApp, lo que generó sospechas de manipulación de pruebas.
De acuerdo con la Fiscalía, Peralta se negó a entregar un teléfono celular al alegar que lo tenía su hija, lo que contradice una declaración previa donde afirmó que el móvil se le había caído. Aunque las autoridades consideran que esta acción buscó obstruir la justicia, la magistrada señaló que ha colaborado desde el inicio al entregar sus dispositivos móviles.
“El teléfono que siempre he usado entre ocho o diez años es el 958106950, que lo brindé y lo entregué cuando ingresaron a mi oficina, así como el teléfono que tenía asignado por el Ministerio Público”, dijo. Peralta comentó que, días después de quedarse sin teléfonos, adquirió un nuevo dispositivo, el cual presentó al ir a declarar: “Me compré un nuevo teléfono, el 953867126, que lo brindé cuando fui a declarar, pero el día que voy a declarar se formó un espectáculo”, agregó.
Siempre según su declaración, el teléfono sufrió un accidente. “Se cayó, y a la asistente que me estaba acompañando le pedí que le dijera a mi hija que lo arreglara y ya arreglaron la pantalla, no es que yo haya querido ocultar”, manifestó. “A los 10 minutos caen los representantes del Ministerio Público a mi domicilio (…) ellos creen que lo he escondido, pero no, lo di a arreglar”, dijo Peralta.
También criticó el procedimiento en su departamento de Lince y describió la situación como un circo mediático: “Creo que debe parar esto. Todo publican, cosa que no es, cosa que no me corresponde, todo es obstaculización a la justicia, y doctor, no, no es así. Pido que se haga una pericia, que se haga la pericia caligráfica para que vea que no es mi letra. Lo que encuentran todo lo publican en la TV porque lo brinda el Ministerio Público. En su momento lo voy a tener que ocultar, no es mi voz, no es mi letra”, señaló mientras sollozaba.
Peralta reclamó un tratamiento justo y pidió objetividad en la decisión que será emitida en las próximas horas: “Soy una persona que ha trabajado 40 años en el Ministerio Público, no merezco este maltrato, no se me puede culpar de algo en lo que no he participado”, apuntó. Por su parte, su abogado defensor Benji Espinoza solicitó al juez supremo que se adhiera a la posición de los tres magistrados que respaldaron la comparecencia con restricciones para su defendida.
La magistrada ha reconocido amistad con Andrés Hurtado, quien se encuentra recluido en el penal de Lurigancho bajo una orden de 18 meses de prisión preventiva. Según la tesis fiscal, el presentador, junto a Peralta, participó en la recuperación de un cargamento de oro incautado y en el inicio de un proceso judicial contra el competidor comercial de un empresario también implicado en esta presunta trama corrupta.