La patronal de la sanidad privada, Unespa, ha desmentido en un comunicado que las aseguradoras no realizan una selección de pacientes en función de los riesgos, como había señalado el Ministerio de Sanidad. Representante de cerca de 200 compañías del sector, Unespa insiste en que » no es cierto que las entidades presentes en el concierto de Muface apliquen criterios de rentabilidad a la hora de atender a los pacientes. Esto es algo que ni las compañías pretenden ni el convenio de Muface permite”.
Su comunicado responde al reciente informe Muface: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud, publicado por el Ministerio de Sanidad, en el que analiza la viabilidad del paso a la asistencia sanitaria pública en caso de que las negociaciones para una nueva licitación de la mutialidad de los funcionarios fracase. Actualmente, el Ministerio de Función Pública trabaja por publicar una oferta que atraiga de vuelta a las aseguradoras, que consideraron insuficiente la subida del 17% de las primas y denunciaban Muface como un sistema deficitario.
El Ministerio de Sanidad no tiene competencias en la negociación, pero afirma en su informe que Muface no es sostenible y asegura que el Sistema Nacional de Salud (SNS) sería capaz de absorber a los más de un millón de mutualistas que actualmente son atendidos por las aseguradoras privadas. En su estudio, señalaba además que “las aseguradoras privadas están incurriendo en un fenómeno de selección de riesgos”, que empuja a los asegurados con condiciones graves, como son los pacientes oncológicos, “a trasladarse a proveedores públicos de atención sanitaria”.
El Ministerio de Sanidad se apoya para hacer esta afirmación en un estudio publicado a inicios de 2024 en The European Journal of Health Economics, centrado en los diagnósticos de cáncer en mutualistas frente a la población general. La investigación, elaborada por la Universidad de Las Palmas y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, concluyó que el carcinoma metastásico tenía una prevalencia un 31% mayor entre los empleados públicos hospitalizados que en la población general. Una diferencia que consideran desproporcionada y “prueba indirecta” de que las entidades privadas evitaban tratar a los pacientes de mayor coste, como los enfermos de cáncer.
“La existencia más que evidente de prácticas de selección de riesgos por parte de las aseguradoras privadas que prestan la asistencia sanitaria a los mutualistas de MUFACE, es un fenómeno que supone una asunción por parte del SNS de los riesgos y costes que deberían asumir las aseguradoras sanitarias privadas”, critica el informe ministerial.
Las aseguradoras no eligen a los funcionarios y asumen sus costes en la pública
Unespa insiste en que las aseguradoras de Muface “no eligen a los funcionarios que van a atender”, por lo que “es imposible que haya ningún criterio de selección”. La patronal recuerda que los funcionarios deben elegir cada año si ser atendidos por la sanidad privada o el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). “Los funcionarios vienen seleccionando mayoritariamente las aseguradoras privadas por la calidad del servicio que reciben desde hace décadas”, explican en un comunicado, pese a que el número de funcionarios que se decanta por la sanidad pública ha crecido un 75% en los últimos 12 años.
“El concierto obliga por razones de equidad a las aseguradoras a asumir los costes de los tratamientos en aquellos casos en los que un paciente de Muface tenga que recibir un tratamiento por parte de la sanidad pública. Además, los costes de dicho tratamiento se deben atender siguiendo los precios que marca el sistema público”, declaran desde Unespa.
La patronal recuerda que “las entidades han asumido con el convenio actual pérdidas muy importantes”, que han cifrado en unos 200 millones de euros anuales. “La infrafinanciación del modelo alcanza ya una diferencia, con relación a la media que por persona recibe el resto de la Sanidad Pública, superior al 40%”, ha señalado.
Unespa remarca que las aseguradoras adheridas actualmente a Muface (Adeslas, Asisa y DKV) “seguirán presentando asistencia sanitaria con absoluta normalidad al millón de funcionarios y sus familias hasta el próximo 31 de enero, tal y como regula el convenio firmado. Las aseguradoras garantizan, además, que lo harán con el mismo nivel de calidad y cobertura de siempre”. Asimismo, continuarán atendiendo hasta el 31 de marzo de 2025 a los usuarios hospitalizados.