Funcas ha editado este miércoles una publicación con la opinión de varios expertos sobre las consecuencias económicas que acarrearía la financiación singular para Cataluña, alertando, entre otras cosas, del riesgo que puede tener este cupo catalán, como la reducción de la capacidad de respuesta ante crisis asimétricas y la fragmentación de la política tributaria.

Se trata de una opinión del economista e investigador sénior de Funcas Santiago Lago, que se enmarca dentro del último número de ‘Cuadernos de Información Económica’, que es una publicación editada por Funcas.

En este contexto, Santiago Lago centra su artículo en el acuerdo de financiación entre el PSC y ERC, un pacto que, a su juicio, supondría un modelo similar al concierto económico del País Vasco y Navarra.

En su opinión, este pacto, que necesitaría la aprobación de las Cortes Generales, «conlleva riesgos, como la reducción de la capacidad de respuesta ante crisis asimétricas y la fragmentación de la política tributaria».

Además, advierte de que su aplicación «podría incentivar a otras regiones a solicitar un régimen similar, impactando el equilibrio fiscal nacional y el modelo de descentralización». Según expone, «la fragmentación territorial de la gestión tributaria complicaría la labor recaudatoria y el control del fraude y que la experiencia de articulación de las haciendas forales con la AEAT dista de ser óptima».

COMPLICA EL ESCENARIO DE 2025

En el caso de Desiderio Romero, catedrático de Economía Aplicada en la URJC e investigador de Funcas, analiza el impacto potencial de estas propuestas acordadas entre ERC y PSC en la política presupuestaria nacional.

«La creación de un sistema fiscal específico para Cataluña restaría recursos a la administración central y el resto de las autonomías», advierte Desiderio Romero.

Con todo, el experto económico avisa que, cuestiones legales aparte, «la aprobación de un modelo similar al concierto para una comunidad no foral como Cataluña tendrá efectos negativos sobre la financiación del resto de comunidades no forales y complicaría el escenario presupuestario para 2025».