El Gobierno nacional extendió la emergencia del sector energético nacional respecto de los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y de gas natural a todo el país. El plazo tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024, pero el nuevo acuerdo general entre los ministros prorrogará la fecha hasta el 9 de julio de 2025. Asimismo, explicaron que la decisión buscará garantizar la prestación continua y adecuada de estos servicios públicos esenciales.
La prórroga fue confirmada por medio de la publicación del Decreto N° 1023/2024 en el Boletín Oficial, en donde las autoridades detallaron que la Secretaría de Energía se centrará en determinar cuáles serán los mecanismos para fijar precios que puedan garantizar el libre acceso y la competencia en el mercado. Al mismo tiempo, se priorizará el mantenimiento en términos reales de los niveles de ingresos, cubrir las necesidades de inversión, para que se garantice la distribución de los servicios a todo el territorio.
A raíz de la extensión del plazo fijado en diciembre de 2023, la resolución remarcó que el cuadro tarifario que será aplicado surgió de las revisiones realizadas en los meses previos. Además, apuntaron que los montos no podrán exceder a aquellos que sean actualizados el 9 de julio de 2025.
De esta manera, el organismo dependiente del Ministerio de Economía estará a cargo del proceso de adecuación tarifaria transitoria, aunque también se pondrán en marcha mecanismos que aumenten la participación ciudadana. Para llevar esto adelante, las herramientas deberán ser sometidas al “Reglamento General de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional”, con el fin de que sean consideradas válidas.
Asimismo, se extiende la intervención del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) y del ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas) hasta la constitución y puesta en funcionamiento del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27.742. Los interventores deberán ajustar sus facultades a lo establecido en las leyes vigentes y en los decretos correspondientes.
Por otro lado, las autoridades explicaron que la medida fue establecida por el estado crítico y de vulnerabilidad en el que se encontraba el sistema desde gestiones anteriores. En este sentido, señalaron que había tres puntos que eran necesarios mejorar, entre ellos, el sistema económico recaudatorio, la funcionalidad de las instalaciones para que se pueda asegurar el suministro de los servicios, y la falta de señales de mercado para la oferta y demanda.
“Resulta de público conocimiento que el Gobierno nacional ha recibido una herencia institucional, económica y social gravísima, por lo que es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia generada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece”, remarcaron al apuntar que el deterioro habría sido consecuencia de “un conjunto de decisiones intervencionistas”.
En respuesta al daño del sistema eléctrico, el Gobierno creó un plan de contingencia para disminuir la cantidad de cortes de electricidad que podrían ocurrir en el próximo verano. Sin embargo, la medida que fue establecida en la resolución 294/2024 de la Secretaría de Energía estableció que el plazo se extenderá hasta 2026.
Las modificaciones afectarán a la oferta del servicio eléctrico, por lo que ordenaron realizar todas las acciones que permitan obtener la importación de energía y potencia de los países limítrofes en horas de elevada exigencia de días críticos que oportunamente definirá la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), y crucialmente en horas pico; e incorporar un esquema de remuneración adicional, complementaria y excepcional con base en potencia disponible (remuneración fija) y generación (remuneración variable) que promueva la disponibilidad de las centrales de generación térmica en meses y horas críticas.
Finalmente, CAMMESA deberá implementar un procedimiento de despacho de carácter excepcional que permita realizar un uso estratégico de las unidades de generación de energía eléctrica tendiente a reducir los riesgos de restricciones de abastecimiento en los períodos de mayor consumo. Y establecieron medidas para el sector de transporte, en lo relacionado con el despacho de cargas y el cálculo de los precios, para poder fomentar las inversiones en ampliaciones en los sistemas de transporte de energía; así como también fijaron reglas para lo relacionado con la distribución de la electricidad, que exigen a las empresas distribuidoras presentar programas de atención de contingencia ante situaciones de indisponibilidades en sus áreas de concesión.