La justicia peruana ordenó este martes prisión preventiva para el hermano de la presidenta Dina Boluarte, mientras la fiscalía lo investiga por supuesto tráfico de influencias, cohecho y por pertenecer a una organización criminal.
Nicanor Boluarte es buscado por las autoridades dentro y fuera del país, dado que no se presentó a la audiencia en la que el juez Richard Concepción Carhuancho emitió la decisión.
De acuerdo con medios locales, se desconoce la ubicación del hermano de la mandataria desde el pasado domingo, cuando el Ministerio Público pidió que fuese detenido por riesgo de fuga, y él se conectó de “forma virtual” para ser parte del proceso legal que fue transmitido por televisión.
El periodo de prisión preventiva que deberá cumplir es de 36 meses.
La defensa de Boluarte dijo que apelará la decisión, mientras que él en el pasado ha negado los señalamientos en su contra.
Las autoridades aseguran que luego de que Pedro Castillo fuera destituido de la presidencia por intentar disolver el Congreso en diciembre de 2022, y asumiera Dina Boluarte, que para entonces era vicepresidenta, el hermano de esta ejerció un “poder de facto” para designar funcionarios.
Concepción Carhuancho consideró que por su conexión con las “esferas de poder”, Nicanor Boluarte podía intentar huir.
Arrestado anteriormente
Esta no es la primera vez que la justicia emite una orden de captura contra el hermano de la presidenta peruana.
En mayo fue detenido por unas horas junto al abogado de la mandataria, Mateo Castañeda.
El Poder Judicial indicó que Nicanor Boluarte había sido imputado de “influir en la designación de cargos en el departamento de Cajamarca y en organismos estatales para que fueran elegidas personas dispuestas a contribuir económicamente a la red corrupta que intentaba crear”.
También les habría exigido su colaboración en la recogida de firmas y los trámites necesarios para inscribir un nuevo partido político.
Al abogado Castañeda, la Fiscalía lo acusó de haber intentado desactivar la investigación en curso sobre el hermano de la presidenta ofreciendo la protección de esta a los mandos policiales que le comunicaran información relevante al respecto.
Castañeda asesora a la mandataria en un caso de presunto enriquecimiento ilícito por el uso de lujosos relojes de la marca Rolex y artículos de alta joyería.
Dina Boluarte, cuya popularidad ha caído a niveles históricos y quien debe gobernar hasta julio de 2026, también ha negado los señalamientos.
Pero esta no es la única investigación que enfrenta la primera presidenta de Perú.
La fiscalía dirige una pesquisa en su contra por presuntamente ser cómplice de decenas de muertes en las protestas antigubernamentales de fines de 2022 y comienzos de 2023, cuando inició su gestión.