Se viene anunciando y postergando desde principios de año la actualización de la canasta de bienes y servicios del IPC nacional. Las razones de dicha actualización son obvias -o quizá no tanto- por eso me parece importante señalar algunas cuestiones y el modo en que se lo ha abordado en la Ciudad de Buenos Aires, pasadas varias gestiones.
Un índice de precios al consumidor es, básicamente, el seguimiento en el tiempo de una conjunto, llamado canasta, de bienes y servicios de modo tal de determinar las variaciones de sus precios promedio.
Hay tres cuestiones que deben tenerse en cuenta y que son fundamentales:
a) Que el conjunto de bienes y servicios que se sigue en el tiempo es fijo. La canasta no debe ser modificada bajo ningún concepto.
b) Que los distintos bienes y servicios que componen la canasta, intervienen en el cálculo en función de la participación de cada uno de ellos en una estructura de consumo, también fija.
c) Que la selección de bienes y servicios que componen la canasta no es antojadiza, sino que surge de información estadística proveniente de una encuesta específica, llamada Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (ENGHO).
Me parece importante detenerme en este último punto. La ENGHO es una encuesta que se organiza periódicamente (las recomendaciones internacionales proponen cada cinco años) que releva información respecto de cuáles son las preferencias de consumo de la población en estudio; esto quiere decir qué es lo que se consume y en qué proporción. En el caso argentino, las distintas encuestas de gasto que se realizaron captaron esa información con desagregación regional; o sea que se obtuvieron datos respecto de las preferencias de consumo de la población de la Ciudad, del AMBA, y de las demás regiones de nuestro país.
La información proveniente de la ENGHO permite, aplicando un criterio metodológico, seleccionar eficientemente los bienes y servicios que componen la canasta del IPC y la proporción en la cual se consumen, pues ese conjunto es representativo del consumo de la población de la cual se pretende tener información respecto de la variación de los precios de ese consumo.
Como expliqué anteriormente, el conjunto de bienes y servicios de la canasta y la participación porcentual de cada uno de ellos en el cálculo son fijos. Esto le da al índice un grado de transparencia, ya que no pueden ir modificándose ni los componentes de la canasta ni su grado de participación en el cálculo, es decir sus ponderaciones. Pero esa fortaleza tiene un límite: hay que prestar mucha atención en que los componentes de las canastas y las ponderaciones no se desactualicen.
La Ciudad de Buenos Aires creó su índice de precios en 2012. En aquel momento, con la información de la ENGHO disponible se seleccionaron un conjunto de bienes y servicios que compusieron la canasta del IPCBA que se empezó a publicar desde aquel entonces.
Ocho años después se inició el trabajo de actualización de la canasta con información de una encuesta de gasto más nueva. El resultado de ese trabajo culminó a principios de 2022 cuando se presentó la actualización del IPCBA con la nueva canasta.
Creo que resultaría útil resumir los principales cambios que surgieron de la actualización de 2020/2022.
Se puede observar que el IPCBA 2012 estaba organizado en 12 divisiones y el de 2022 en 13, dado que entre 2012 y 2022 hubo un cambio en el clasificador internacional de productos. En 2012 estaba vigente el clasificador de 1999 a 12 divisiones y en 2022 regía el clasificador de 2018 a 13 divisiones. El principal cambio es que la división “Bienes y Servicios varios” se desdobla en “Seguros y servicios financieros” y “Cuidado personal, protección social y otros productos”.
Yendo a las ponderaciones, las principales diferencias se dan en la división “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, que crece en 2022 respecto de 2012 casi cinco puntos porcentuales, dado el mayor peso de los servicios públicos y del alquiler, que son componentes de esa división.
Algo similar sucede con “Información y comunicación”, que casi duplica su participación. Aquí es incidente la aparición de servicios que tenían mucha menor incidencia en 2012, o directamente no existían tal como el streaming, por citar un ejemplo.
Puede resultar gráfico identificar las principales incorporaciones y exclusiones en la comparación 2022/2012.
Se incorporaron el mencionado streaming, servicios vinculados con la telecomunicación y las cuotas sociales de clubes y gimnasio. Y se excluyeron el servicio postal, la impresión de fotos digitales, el DVD regrabable y las reparaciones de heladeras, lavarropas, TV y audios, entre otros.
Asimismo, bienes y servicios que están presentes en las canastas de 2022 y de 2012 cambiaron su participación relativa, aumentó la participación de los servicios de telefonía móvil y se redujo la de los servicios de telefonía fija.
Por todo lo expuesto entendemos que hay razones de sobra que justifican la necesidad de actualizar la canasta del IPC nacional de modo de sopesar correctamente el peso en el nivel general de los bienes y de los servicios (en lo que va de 2024 y a nivel nacional los bienes aumentaron 89,7% y los servicios 165%).
Estos procesos deben ser independientes de la conveniencia política, no debe supeditarse esto a la necesidad de mostrar tres o cuatro décimas menos de inflación. Jorge Todesca y Marco Lavagna, acompañados por todos los técnicos del Indec, hicieron un enorme esfuerzo para recuperar la credibilidad del Instituto Nacional luego del período de intervención del organismo. No es momento de retroceder.
*José María Donati es licenciado en Economía y, actualmente, director ejecutivo del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba).