El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha asegurado que el juicio que arranca este lunes en la Audiencia Nacional por el presunto encargo que realizó a petición del empresario Javier López Madrid para que acosara a la doctora María Elisa Pinto no «hubiera tenido lugar» si la ministra de Defensa, Margarita Robles, no «hubiera sido su paciente».
En declaraciones a los medios antes de acudir a la vista oral, recogidas por Europa Press, Villarejo ha mostrado su sorpresa porque le «sigan utilizando como maniobra de distracción con todo lo que está cayendo en este país». «Pero bueno, si sigo siendo, no sé, interesante para ustedes, yo creo que ya soy un personaje insignificante en toda esta patraña política que hay», ha añadido.
El ahora comisario jubilado se enfrenta a una petición por parte de la defensa de Pinto de seis años de cárcel, los mismos que solicita para empresario Javier López Madrid, que habría sido el supuesto encargado de solicitar a Villarejo que acosase a la doctora. El socio de Villarejo, Rafael Redondo, se enfrenta por su parte a cuatro años de prisión.
Cabe destacar que la Fiscalía, sin embargo, no acusa en esta pieza separada del conocido como ‘caso Villarejo’. «Fíjese, con todo el cariño que me tienen Fiscalía y Asuntos Internos que ellos mismos han hecho un informe diciendo que no hubo nunca tal actuación y por eso la Fiscalía presentó en su día un informe diciendo que por supuesto no había ningún delito de que acusar», ha ironizado el comisario jubilado.
Villarejo, que ha asegurado que está «deseando de verdad declarar», ha reconocido que no sabe si se celebrará el juicio porque «la abogada» de Pinto «ha presentado un escrito diciendo que está muy malita». «Espero que no sea porque no le gusta el tribunal, no sé. Pero me llama la atención, con tanto interés como tiene en que se celebre el juicio. Ha presentado una baja muy seria. El tribunal, por las razones que desconozco, ha dicho que no obstante se mantiene la sesión de hoy», ha apuntado.
La vista oral arrancará este lunes a partir de las 10.00 horas y previsiblemente se celebrará hasta el jueves, el día que quedaría visto para sentencia, según el calendario fijado por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal.
Cabe recordar que la primera fecha programada para la celebración de la vista oral de esta pieza separada número 24 del conocido como ‘caso Villarejo’ se anuló en primera instancia y quedó reprogramada a petición de las partes.
EL RELATO DEL JUEZ
El juez de la Audiencia Nacional propuso enviarles a juicio en marzo del pasado año en contra de lo interesado por la Fiscalía Anticorrupción, que pedía el archivo provisional al entender que no quedaba debidamente justificada la perpetración del delito de cohecho que se les imputa a los tres. El magistrado siguió el criterio de la defensa de la doctora, que pide penas de seis años de cárcel para López Madrid y Villarejo, y cuatro para Redondo.
El Ministerio Público defendía en su informe que el objeto de la pieza era indagar en el cohecho y no en el conflicto entre López Madrid y Pinto. «Se trata de hechos que no solo exceden del objeto propio de esta pieza -centrada en exclusiva en el delito de cohecho- sino porque además todas estas circunstancias ya son investigadas en los procedimientos judiciales seguidos en los Juzgados de Instrucción de Madrid, no resultando conforme a Derecho que unos mismos hechos sean investigados en dos juzgados diferentes», indicaba.
En su auto, el magistrado recordaba el relato de hechos, y apuntaba que todo arrancó en septiembre de 2013 cuando López Madrid contrató a Villarejo, comisario en activo», para que «le ayudase a finalizar un asunto personal en relación con María Elisa Pinto. En diciembre de 2013, el empresario acudió a la consulta de la doctora acompañado de Redondo, que acudía en calidad de abogado por orden de Villarejo, y le indicaron a Pinto «que le dejase en paz, que parase, y que la policía iría a verla».
MEDIOS POLICIALES PARA DESACREDITARLA
Durante 2014, y según lo pactado con el empresario, Villarejo habría hostigado a la doctora realizando seguimientos e intentando impedir que denunciase a López Madrid por acoso. El juez señalaba que «usó medios policiales» para desacreditarla. «Accedió a su información privada sin autorización e intentó interferir en la investigación policial, solicitando información sobre el estado de las pesquisas, manipulando la investigación policial y realizando previsiones sobre el resultado de una rueda de reconocimiento de la que tendría que formar parte», añadía.
El magistrado daba cuenta de los contactos telefónicos entre Villarejo y López Madrid, y sumaba a esto que también tuvo contacto con otros policías durante la investigación de los hechos denunciados por Pinto. En concreto se refería al ex jefe de la UCAO Enrique García Castaño y al inspector Alberto Carba, que era quien investigaba la denuncia de Pinto.
«Este agente de policía envió varios correos electrónicos a Javier López Madrid comunicándole el estado de la investigación, y recibiendo instrucciones. Estas comunicaciones se desarrollaron entre el 16 de octubre y el 23 de noviembre, ambos meses del 2015», decía el magistrado Manuel García Castellón.
El juez apuntaba además en su auto que en una conversación fechada el 26 de enero de 2017, Villarejo manifestó que reclamaría a López Madrid «una cantidad de dinero como compensación a la actuación que desarrolló en la resolución de su conflicto privado».
Y recogía el literal: «Yo cuando termine todo, cuando le meta la querella a la pava ésta y a todos los que la han ayudado y tal y cual, hablaré con él, con Javierito pónme un poquito de pasta, porque me has metido en un ‘embolao’ y ni me has llamado para decirme. Le voy a decir: chiquitín, daños y perjuicios».