Un documento de 78 páginas ha revelado detalles sobre reuniones, llamadas y visitas al Ministerio de Hacienda que podrían implicar a varios ministros y exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro en un el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Un nuevo capitulo se abrió en este entramado que ha salpicado a más de un funcionario y que ha desestabilizado al Gobierno nacional.
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Según información revelada por la emisora Blu Radio, la Corte Suprema de Justicia ha utilizado este documento para fundamentar el llamado a indagatoria de cinco congresistas y un excongresista, todos miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
Se les acusa de haber recibido presuntamente dádivas a cambio de emitir conceptos favorables para el trámite de empréstitos internacionales.
El informe detalla cómo los ministros habrían ofrecido el manejo de tres contratos de mitigación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), valorados en setecientos mil millones de pesos, para obtener el apoyo de los congresistas investigados.
Los jefes y exjefes de cartera salpicados en este nuevo capitulo del escándalo, de acuerdo con Blu Radio, son el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco; la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez; el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; y quien se desempeñaba como director del Dapre Carlos Ramón González.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema analizó 59 elementos materiales probatorios, incluyendo certificaciones, videos de cámaras de seguridad, actas de reuniones y archivos encontrados en teléfonos celulares y computadoras, además de más de once declaraciones de testigos.
Estos elementos permitieron reconstruir con detalle los eventos que podrían demostrar la comisión del delito de cohecho por parte de funcionarios del gobierno y congresistas.
El documento es una bitácora exhaustiva que describe las interacciones entre los ministros y los congresistas, sugiriendo que las reuniones y comunicaciones fueron parte de un esquema para asegurar el apoyo legislativo necesario para los contratos de la Ungrd.
La investigación de la Corte Suprema se centra en determinar el grado de participación de los ministros en estas actividades y su posible responsabilidad penal.
Este caso ha generado un gran revuelo político, ya que implica a altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro en prácticas corruptas, lo que podría tener repercusiones significativas en la administración actual. La investigación continúa, y se espera que las indagatorias arrojen más luz sobre la magnitud de las acusaciones y las posibles consecuencias legales para los implicados.
Así fue el negocio con las criptomonedas en el escándalo de la Ungrd
Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, reveló detalles sobre el traslado de mil millones de pesos mediante criptomonedas.
Pinilla explicó que estos fondos fueron desviados para financiar campañas políticas de familiares de los congresistas Iván Name y Andrés Calle. La Corte Suprema de Justicia está investigando este caso, que involucra un total de cuatro mil millones de pesos originalmente destinados a atender emergencias naturales.
Pinilla, quien se encuentra detenido y ha colaborado con la Fiscalía, detalló que el uso de criptomonedas fue una estrategia para evitar el transporte físico de grandes sumas de dinero, lo cual resultaba inviable y sospechoso.
Según sus declaraciones, el dinero fue convertido en monedas digitales y transferido a través de canales electrónicos, permitiendo que las entregas se realizaran de manera más discreta. Una vez que las criptomonedas llegaban a los destinatarios, estos las convertían nuevamente en efectivo.
El exfuncionario también mencionó que parte del dinero fue entregado al congresista Andrés Calle en su apartamento en Montería, utilizando una maleta con mil millones de pesos en efectivo, aunque la transacción inicial se realizó de manera digital.