El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, acordaron el traspaso de los servicios del Servicio Penitenciario Federal en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, lo que implicará que la Ciudad se haga responsable del cuidado de los detenidos por causas tramitadas en la Justicia nacional ordinaria y la Penal, Contravencional y de Faltas porteña.
Macri, Bullrich y sus respectivos equipos se reunieron en la sede del Ministerio, en la calle Gelly y Obes, para comenzar a trabajar en la transferencia de las competencias del Servicio Penitenciario Federal en el ámbito de la Ciudad en la ejecución de las penas privativas de la libertad y la guarda de detenidos en forma cautelar por delitos no federales cuyo juzgamiento está a cargo de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional y de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la CABA.
Patricia Bullrich estuvo acompañada por el Subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julían Curi, y la Directora Nacional de Modernización del Sistema y la Arquitectura Penitenciaria, Desirée Barczuk. Mientras que junto a Jorge Macri estuvieron el jefe y el vicejefe de Gabinete de la Ciudad, Néstor Grindetti y Gabriel Sánchez Zinny; y los Ministros de Justicia, Gabino Tapia, y de Seguridad, Waldo Wolff.
“Esta es la primera reunión. Ahora comienza a ejecutarse. Es pasar la responsabilidad para que la Ciudad se haga cargo de la gestión del alojamiento de los presos que no sean de la Justicia federal. Seguirán reuniones de trabajo para ir concretándolo”, dijeron a LA NACION fuentes del gabinete nacional.
Hasta el momento, los procesados por delitos cometidos en territorio porteño quedaban detenidos en las diferentes comisarías de la Policía de la Ciudad y que estaban excedidas en su capacidad. Eso fue motivo de fuertes cruces entre los funcionarios porteños y los nacionales durante el gobierno de Alberto Fernández, especialmente a partir de la pandemia, cuando el Servicio Penitenciario Federal redujo los cupos semanales reservados para alojar a personas detenidas en la Capital en el mayor establecimiento disponible en el territorio porteño: la Cárcel de Devoto. Inclusive recurrió a la Justicia, que le dio la razón y le impuso al Poder Ejecutivo Nacional la asignación de cupos suficientes.
Para paliar la situación, mientras tanto, la Ciudad resolvió ampliar cupos en sus alcaidías comunales y, además, sumar plazas en estructuras provisorias como, por ejemplo, contenedores acondicionados especialmente para el alojamiento preventivo de detenidos por cortos plazos.