Apenas una hora antes de llegar a destino, ya entrada la noche, el Duna Weekend rojo mordió la banquina en la ruta 31, cerca de la localidad de Salto, provincia de Buenos Aires, se llevó por delante una alcantarilla y terminó volcando. A partir de esa fallida maniobra comenzaba la tragedia de una familia sobre la cual pesaron las especulaciones más disparatadas aquel 14 de noviembre de 2009. Fernando Pomar iba al volante acompañado de su esposa, Gabriela Viagrán y sus hijas, María del Pilar (3 años) y Candelaria (5 años).
Habían salido a la tardecita desde su casa de José Mármol rumbo a Pergamino donde ambos tenían parientes, pero antes acercaron a casa de amigos a Franco, hijo mayor de la mujer que se quedó a estudiar con ellos. Gabriela no pensaba acompañar a su marido que debía asistir a una propuesta de trabajo. Y así se lo hizo saber a su madre, María Cristina Robert, la noche anterior. Se sentía cansada, no tenía ganas de viajar. Pero la abuela le pidió que quería ver a sus nietas y entonces la convenció y cambió su decisión.
Pero como las horas transcurrían y no llegaban María Cristina empezó a preocuparse porque tenía la confirmación de su hija de que iban rumbo a su casa. Primero tuvo paciencia pero luego dio el alerta. Entonces se inició una búsqueda, pero el tiempo pasaba, no aparecían, y surgieron versiones tan inesperadas como escandalosas por las teorías y especulaciones acerca de lo que podría haberles sucedido según quien analizaba o prestaba testimonio respecto al hecho.
Apenas dos días de la desaparición ocurrió una situación que podría haber resultado fundamental para dar con la familia. Un trabajador, Casimiro Frutos, se trasladaba hacia Pergamino y observó un coche de color rojo volcado en la ruta 31. Creyó que podría ser un automóvil como los que a veces permanecen abandonados y siguió con su viaje. Diez días más tarde, precisamente el 26 de noviembre, ya de regreso, vio que seguía allí cuando la noticia de los Pomar había estallado en los medios y entonces decidió dar aviso al 911. Pero los funcionarios a cargo de la búsqueda estaban demasiado concentrados en sus hipótesis y conjeturas y no le prestaron la atención necesaria. Con el correr del tiempo se supo que dicha información la analizó la DDI de Pergamino, pero la pasó por alto, por eso el comisario a cargo fue reemplazado.
Pero no solo la policía demostró errores y carencia de responsabilidad. Todos estaban desconcertados. La responsable de la investigación en la causa “averiguación de paradero” fue Karina Pollice, de la fiscalía N°4 de Pergamino y se analizaban varias hipótesis. Ella se inclinaba por una disputa familiar de intereses y difundió que Pomar tenía un arma de fuego que no se encontró cuando requisaron su casa. Eso potenció aún más la versión acerca de que existía un conflicto de pareja. Pollice abundaba con más datos, destacaba que habían analizado cada llamado recibido en el 911 que no arrojaron ningún tipo de resultados, declaración que contrastaba con el dato antes mencionado cuando el albañil Frutos denunció el auto rojo patas para arriba a metros de la ruta.
Mientras tanto el ministro de seguridad del gobierno de Daniel Scioli, Carlos Stornelli, y el secretario de Investigaciones, Paul Starc se volcaban más por la teoría de que la familia había abandonado el país. Pero no explicaban por qué realizaban tal especulación ya que tanto Pomar como su esposa, no tenían deudas ni causas que pesaran en su contra para tomar semejante decisión.
Las fantasías iban en aumento a medida que pasaban los días. Los investigadores informaban que se estaba analizando la computadora personal de Fernando Pomar y que se rastrillaban por cielo y tierra con experimentados agentes de caballería e infantería los alrededores de las rutas 7, 5, 6, 41, 32, como así también los espejos de agua como la Laguna de Gómez. Siempre dejaban en claro que no se dejaba de lado ninguna hipótesis, pero lo cierto fue que seguían desconcertados y a su vez alimentaban con sus dichos todas las especulaciones imaginables.
Se escuchó que él quizás huyó porque tenía estudios de química y podría haber estado metido en el negocio de la efedrina, la droga de moda en esa época. Se lo tildó de un tipo violento nada más que porque en la imagen capturada de los videos de los peajes de Villa Espil y Luján Pomar lucía “desencajado”, sostuvieron los investigadores, quienes aprovechaban la foto para agregar el dato de que el arma que manejaba no se encontró en su vivienda, dando finalmente a entender que con ella podría haber matado a su mujer, a sus hijas y terminó suicidándose. Se habló de deudas en el cumplimiento de los pagos de las cuotas de su casa, cosa que no era cierta ya que pagaban puntualmente del 1 al 5 de cada mes. No faltó quien los vio en distintas provincias, fuera del país, ni quien relacionara a Pomar con el tráfico de cocaína. Y el colmo fue cuando se llegó a mencionar que podrían haber sido abducidos por un OVNI. Ya no faltaba nada.
Después de 24 días de un papelón tras otro, recién los pudieron encontrar el 8 de diciembre a tan solo 37 metros de una curva de la Ruta 31 y a 40 kilómetros de llegar a Pergamino. El escenario era desolador. Fernando Pomar presentaba una fractura de cráneo que le provocó una muerte instantánea. Las pericias científicas establecieron que con posterioridad fallecieron sus hijas, y que Gabriela, su mujer soportó con vida hasta que pudo varias fracturas, que de haberlos rescatado en un tiempo prudencial, quizás podría haber salvado su vida. También se determinó que el vehículo sufrió un par de vuelcos y que ninguno llevaba colocado el cinturón de seguridad y que por eso todos salieron despedidos.
La búsqueda y el reclamo de justicia quedó a cargo de la abuela de las niñas, María Cristina, que fue víctima además de la lentitud de los funcionarios, ya que murió en julio de 2020, un mes antes de que la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo de San Martín responsabilizara a la provincia de Buenos Aires por la muerte de la familia. La indemnización la recibió Franco, hijo de Gabriela y único sobreviviente de la familia: 1.700.000 pesos más unos pocos intereses por el mal estado de la Ruta 31 por ‘daño moral’ y ‘valor vida’”, indicó el fallo. No fue todo. El 30 por ciento de la culpa se la echaron al conductor, Fernando Pomar, porque determinaron que los neumáticos de su Duna no estaban bien, en particular el trasero izquierdo. Además el dictamen dejó en claro que ninguno de los tripulantes llevaba puestos los cinturones de seguridad.
Algunos agentes debieron enfrentar una causa penal por no haber tomado medidas urgentes al haber sido advertidos por el llamado al 911 de Casimiro Frutos, caratulada como “Omisión de los deberes de funcionario público”, expediente en el que además se investigó una posible tergiversación de constancias y actas que aseguraban que fueron rastrillados determinados sectores cuando en realidad no se habrían cumplido tales medidas, lo que representó además una “Falsedad ideológica”.
Pero la desidia de los funcionarios judiciales sumado a las repetidas apelaciones que los abogados de los policías llevaron a cabo lograron que la causa por “Omisión de los deberes de funcionario público” prescribiera. Y en la restante, el fallo de la Cámara de Apelaciones y Garantías juninense, integrada por los jueces Carlos Mario Portiglia y Andrés Francisco Ortiz, absolvió al ex comisario Daniel Fabián Arruvito y al ex teniente Luis Quiroga, dos policías bonaerenses que en primera instancia habían sido condenados en 2017 por falsificar actas del rastrillaje para localizar a la familia Pomar.
Para el abogado defensor de Arruvito, Gustavo Arabia “la Cámara entendió que no constituye delito no haber visto lo que supuestamente debieron ver ya que ese accionar encuadraría en una acusación por “incumplimiento de deberes de funcionario público”, la que prescribió y quedó fuera del proceso.
Así, una vez más, no hubo responsables en toda la cadena de errores que permitieron tamaña deficiencia e injusticia.