La llegada del software espía Pegasus a Colombia durante el gobierno de Iván Duque ha generado un escándalo que involucra a altos funcionarios y ha captado la atención internacional.
El software fue adquirido con financiamiento de Estados Unidos para combatir el narcotráfico, bajo la supervisión de las autoridades de inteligencia de ambos países. Este viernes, 8 de noviembre, el general retirado Jorge Luis Vargas, exdirector de la Policía Nacional, comparecerá ante la Fiscalía General de la Nación para dar su versión sobre el caso.
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El general Vargas, quien fue un actor clave en operaciones contra líderes del crimen organizado en Colombia, ha sido señalado por el representante a la Cámara Alejandro Toro de supuestos delitos, como lavado de activos y acceso abusivo a sistemas informáticos.
Estas acusaciones surgieron tras las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre el supuesto uso político del software, aunque hasta el momento no se han presentado pruebas concretas que respalden estas afirmaciones.
Documentos provenientes de Israel revelaron pagos en efectivo por once millones de dólares en 2021, relacionados con la adquisición de Pegasus, que fueron transportados desde la base aérea de Catam. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la Policía y el Ministerio de Defensa han asegurado que no hay evidencia de que el software haya sido utilizado para espiar a políticos, como ha sugerido Petro.
Por su parte, el exdirector del Dapre, Víctor Muñoz, ha declarado públicamente que no tiene conocimiento de la presencia de Pegasus durante su gestión.
Mientras tanto, el presidente Petro ha insistido en que varios exfuncionarios del gobierno Duque deben responder por las acusaciones de violaciones a los derechos humanos y otros delitos.
La controversia se intensificó con la confirmación de la Casa Blanca a El Tiempo de que Pegasus fue utilizado exclusivamente para la lucha antinarcóticos, sin evidencia de espionaje político. Esta declaración ha generado nuevos interrogantes sobre la operación y el papel de Estados Unidos en la misma.
El general Vargas, quien ha mantenido silencio desde que estalló el escándalo, deberá aclarar su conocimiento sobre los vuelos y pagos relacionados con Pegasus, así como su participación en las operaciones realizadas con el software en Colombia. Se espera que su testimonio aporte claridad a un caso que ha generado gran polémica y atención mediática.
Siendo las 8:56 a.m. del viernes 8 de noviembre, se confirmó que en medio de la citación para declarar en la investigación que se adelanta por la supuesta compra del software Pegasus, el exgeneral retirado Jorge Luis Vargas, guardó silencio ante los cuestionamientos ante la Fiscalía sexta delegada ante la Corte Suprema.
Pegasus en colombia: estados unidos financió compra en 2021 por 11 millones de dólares
Se ha confirmado que Estados Unidos financió la compra en 2021, según reveló El Tiempo. Esta transacción, que involucró un pago de 11 millones de dólares a Israel, fue parte de un acuerdo de cooperación para combatir el narcotráfico, y se asegura que los fondos utilizados fueron de origen lícito.
La compra del software, desarrollado por NSO Group, ha sido objeto de escrutinio en Colombia, especialmente después de que el presidente Gustavo Petro solicitara una investigación al respecto. Según la información proporcionada, los pagos se realizaron en dos partes: el primero de 5,5 millones de dólares el 27 de junio de 2021, y el segundo por la misma cantidad el 22 de septiembre del mismo año.
Las bitácoras de vuelo muestran que uno de los aviones aterrizó en la noche del 25 de junio de 2021 en Bogotá, mientras que otra aeronave tipo jet de matrícula T7-CPX hizo lo propio el 18 de septiembre del mismo año. Estos vuelos coincidieron con la llegada de los fondos para la adquisición del software a la base Antinarcóticos de la Policía en la capital colombiana.
Funcionarios de Estados Unidos han declarado que la adquisición del software Pegasus fue completamente legal, desmintiendo así las acusaciones de que el financiamiento se realizó con dinero incautado al narcotráfico. Esta aclaración se produce en medio de la controversia y el interés público sobre el uso y la financiación de tecnologías de vigilancia en el país.