“Martín Ríos no es inimputable, debió ser condenado porque asesinó a mi hijo”. Así arranca la charla con Mónica Bouyssede, madre del joven que, como tantos, el 6 de julio de 2006, a las cinco de la tarde caminaba junto a un grupo de amigos por la avenida Cabildo a la altura del 1700 en pleno barrio de Belgrano. Pero Alfredo Marcenac se cruzó con Ríos, que portaba una Bersa Thunder 380 y disparó trece veces con balas talladas manualmente para generar daños irreversibles contra la gente que apareció en su camino.
A Alfredo, de 18 años, le descerrajó tres disparos a quemarropa que le dieron en el abdomen, el tórax y el cráneo. El homicida se subió a un colectivo que venía por José Hernández como si nada hubiera pasado. Supo lo que había hecho, por eso se dio a la fuga, pero no le importó, huyó. El joven herido fue trasladado de urgencia en estado gravísimo al Hospital Pirovano, donde murió mientras era operado. También dejó un tendal de otros seis heridos.
Desde entonces, su familia comenzó, como le ocurre a todas las de las víctimas en la Argentina, un interminable raid sin consuelo y quebrados por el dolor reclamando justicia, que pocas veces llega. Mientras tanto los hermanos de Alfredo continuaron sus vidas como pudieron, indefectiblemente con la pena a cuestas. Y ni hablar sus padres, Mónica y Adrián, que pagaron con su salud innumerables padeceres a lo largo del tiempo. Él ya no está: falleció a fines de 2024, víctima de un cáncer. Ella también padeció dicha enfermedad y sigue adelante con toda su fuerza y su pesar.
Al homicida lo detuvieron el 14 de julio de 2006 cuando viajaba con la madre en su auto. Llevaba el arma cargada con una bala en la recámara, lista para disparar, y quince más talladas en una riñonera como las que usó para matar a Marcenac. El informe médico realizado luego de la captura estableció que se encontraba lúcido, ubicado en tiempo y espacio, no alucinaba, ni tenía actividad delirante.
Desde entonces, lucha desesperadamente por mejorar su situación sin arrepentimiento alguno. Hoy está alojado en la Unidad Psiquiátrica del complejo penitenciario de Ezeiza. Y su familia, una vez lograda la inimputabilidad, solicitó su pase a un régimen semiabierto, un sistema de menor seguridad en varias ocasiones. Pero el Juez a cargo de la ejecución de la medida denegó el pedido.
Mónica lo describe a él y a su accionar después de haber analizado el expediente casi como nadie: “Él sabía lo que estaba haciendo desde cuando era adolescente y ejercía estas prácticas. Igual que cuando cometió los tres atentados anteriores. Pero no le importó. Porque su placer o su necesidad era más importante para él. Eso no significa no comprender lo que se está haciendo. Es un desprecio total por la vida del otro. Pero si lo hace tiene que hacerse responsable. Y la vergüenza es que haya sido declarado inimputable”.
Una línea de tiempo de los actos cometidos por Martín Ríos, creada por la propia familia Marcenac con las irregularidades que se sucedieron deja en evidencia el desprecio del asesino por la vida, y las irregularidades cometidas en el otorgamiento del arma:
- En enero de 2000 cumple la mayoría de edad y en febrero sacó el CLU (Credencial de Legítimo Usuario). Martín Ríos compró un arma de fuego e hizo todos los trámites. Su padre firmó como garante económico ante el RENAR (Registro Nacional de Armas).
- El médico pidió en ese momento un certificado de aptitud psíquica, pero no se hizo.
- Durante casi 8 meses fue socio del Tiro Federal. Su padre lo acompañaba y estimulaba su afición a las armas.
- Un año después, a los 22 años, lo detienen con armas y droga. Solo recibe un llamado de atención. Lo sobreseen por la tenencia de droga.
- En junio de 2005, a los 26 años, renueva el carnet de legítimo usuario. Ataca al micro de la línea 67 (saca la pistola, lo mira a los ojos al chofer y dispara).
- En marzo de 2006 dispara a la pareja de jóvenes que estaba en la confitería de Crámer y Juramento, hiriendo a Sabrina Sangiao. Luego huyó. La justicia nunca investigó a fondo este caso.
- En junio de 2006 tiroteó al FFCC Mitre (también atacó y escapó).
- El 6 de julio de 2006 protagonizó el ataque en Belgrano, matando a Alfredo Marcenac e hiriendo a otras 6 personas. Se fugó del lugar escondiendo el arma.
Ante semejante horror, Mónica rememora en medio de la angustia y reflexiona: “Creo que todos estos hechos abren un debate en nuestro país que tiene que ver con la facilidad con la que se encuadran estos casos. Se habla de trastornos esquizofrénicos o de la personalidad. Me parece que hay una diferencia fundamental entre un psicópata y un psicótico. No es lo mismo. Cuando ocurrió el crimen de Freddy me preocupaba porque fácilmente decían ‘el que lo hizo es un loco’. En realidad, no es un loco. Las personas violentas se van constituyendo, no son enfermos. Para mí, hay categorías nuevas en términos de violencia exacerbada y la crueldad que observamos hoy a nivel social. Categorías que no estaban contempladas, fijate lo que ocurrió con las chicas del triple crimen de Florencio Varela, esa crueldad es nueva en nuestro país”.
¿Por qué la mamá de Alfredo Marcenac asegura que no hubo justicia y así la herida duele más en el cuerpo y en el alma de su familia? Lo resume así: “A pesar de todos los antecedentes de Martín Ríos y de que la Jueza de Instrucción Fontbona de Pombo dijo que Ríos ‘pudo comprender la antijuridicidad de su accionar y dirigir su conducta conforme a esa comprensión’. Y de que el Fiscal del juicio doctor Jiménez Bauer pidiera reclusión perpetua, en julio de 2009 el Tribunal Nº 12 lo declaró inimputable. Recordemos que los responsables de este fallo inadmisible fueron los Jueces Ana Dieta de Herrero, Carlos Bruno y Alfredo Rizzo Romano. Entonces, apelamos el fallo en Casación, tribunal que optó por la solución menos comprometida: confirmó la responsabilidad de Ríos en el homicidio y pidió que se discuta en un nuevo juicio sólo la inimputabilidad del acusado porque no había certeza jurídica sobre este tema. Le llamó la atención al Cuerpo Médico Forense por su accionar y pidió que fueran revisadas las actuaciones de los peritos que participaron”.
-Usted me refería que la familia del homicida también se movió con sigilo para favorecerlo sin preocuparle demasiado lo que había hecho.
-La familia Ríos inició un trámite de insania en un Juzgado Civil que permitiera argumentar la inimputabilidad de su hijo ante Casación. Para eso presentaron un certificado médico firmado casualmente por una de las médicas que había participado en las pericias que se hicieron para la causa penal, la doctora Zazzi. Además pidieron que la curatela (control) lo ejerciera la madre del asesino. La misma persona que lo acompañaba cuando lo detuvieron con el arma cargada, lista para disparar y con 42 balas más encima después de haber matado a mi hijo.
En junio de 2014 el Tribunal Nº 26 es el encargado de llevar adelante el nuevo juicio donde a Martín Ríos vuelven a declararlo inimputable: “En ese juicio lo único que se hizo fue solicitar explicación a algunos psiquiatras sobre la esquizofrenia, pero no se discutió sobre la forma concreta de actuar de Ríos en los cuatro hechos cometidos ni sobre la declaración de los testigos”, detalla Mónica.
Desde 2008 los Marcenac habían iniciado una demanda civil en tres frentes: contra el Estado Nacional por la responsabilidad del RENAR en el otorgamiento de un certificado de Legítimo usuario a Martín Ríos, contra el asesino y su familia, y contra el médico Mark Garret, quien firmó el certificado de aptitud psicofísica a Ríos, pero no le suspendieron la matrícula. Solo lo obligaron a cumplir 240 horas de trabajo voluntario en el hospital municipal de San Antonio de Areco, su ciudad. Y entregar 1500 pesos a la Red Argentina para el desarme. El juicio se tramita ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 4, Secretaría N° 7. La jueza es la doctora Rita María Teresa Ailán: “Hace diecisiete años que estamos esperando una sentencia. Nuestra familia nunca recibió asistencia del Estado para cubrir ningún tratamiento psicológico ni médico. Tuvimos que afrontar por nuestra cuenta o con la ayuda de familiares y amigos los problemas económicos y de salud que sucedieron al crimen de nuestro hijo”, denuncia la madre de Alfredo Marcenac.
Y tampoco se calla cuando habla de los funcionarios de la justicia que a su criterio favorecieron que Ríos fuera declarado inimputable: “No hicieron nada por mi hijo ni tampoco para proteger a la ciudadanía de un tirador serial muy peligroso. Los primeros peritos del cuerpo médico forense Diego Hardie, María Cristina Zazzi y Norma Miotto coincidieron con el perito de la defensa, el psiquiatra Mariano Castex. Y una vez que se establecieron esas pericias iniciales, la realidad marcó que luego nadie las fue discutiendo. De arranque, hicieron un diagnóstico plagado de errores, incluyendo que Martín Ríos no comprendía lo que hacía para que la ley no lo condenara. Los peritos del cuerpo médico forense de la provincia de Buenos Aires dijeron que Ríos no discernía ni siquiera la peligrosidad de llevar un arma. Pero se olvidaron que fue capaz de comprarlas y practicar tiro. Además, los peritos médicos Juan Badaracco, Jorge Kiss, Javier Cabello, Ricardo Risso, Walter Miguez, Juan Carlos Romi, Elena Foschini, Adela Orgatti buscaron múltiples argumentos para mostrar que el problema de Ríos era de larga data. Pero desconocieron los antecedentes de la vida del asesino y el comportamiento que tuvo en cada ataque. Todo esto nos pasó pese a que nunca bajamos los brazos y dimos pelea. Además tuvimos la ayuda de un gran abogado, el doctor Carlos Corvo, una persona muy responsable. muy solidaria con nosotros, que nunca nos ilusionó con esta causa, pero contribuyó para nuestra tranquilidad espiritual y eso fue muy importante para la familia”.
Con el dolor a flor de piel, Mónica sostiene que se sintió y se siente defraudada por la Justicia: “En 2009 los jueces del TOC Nº 12 Alfredo Rizzo Romano, Carlos Bruno y Ana Dieta de Herrero no tuvieron en cuenta los argumentos por los cuales su colega Fontbona de Pombo caratuló el crimen como ‘Homicidio Agravado por Placer’ y declararon inimputable al asesino. Y durante 2014 el TOC 26 conformado por Marta Yungano, Patricia Llerena y Eduardo Fernández llamaron a expertos que dieron clase sobre esquizofrenia, pero solo dos de ellos conocían a Ríos. Nosotros siempre tuvimos una apreciación muy crítica del sistema judicial, del proceder de quienes administran justicia. Porque no es un problema de las normas. Sino de quienes entienden y trabajan con ellas, de los funcionarios judiciales, que las interpretan y no las aplican. No se toman el tiempo necesario, son ineficientes, muchos de ellos ineptos. No saben de muchas cuestiones de las que se están hablando, y ni siquiera se dedican a leer a conciencia, sino que a veces lo hacen los propios secretarios y ellos están enterados de los temas muy por arriba. No tienen ningún respeto por las víctimas como tales. Son muy pocos los que ofrecen un trato de consideración hacia la víctima. En términos humanos, uno espera una consideración, corresponde. Y también el respeto necesario para convencernos de que lo que se está ejerciendo es el máximo de justicia. Eso no ocurrió en el crimen de mi hijo”.
Entrega voluntaria de armas
Pese al sufrimiento permanente y al desconsuelo por perder injustamente a Alfredo para siempre, desde el año 2007, sus padres a través de una Asociación civil que crearon con su nombre, y como parte de la Red Argentina para el Desarme, impulsaron acciones de concientización y políticas públicas para disminuir los daños que ocasionan las armas de fuego en nuestro país. Un gran logro en ese sentido fue la creación del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, sancionado como Ley 26.216 y puesto en marcha en julio de 2007. El activismo a favor del desarme logró que se destruyeran más de 350.000 armas de fuego en la Argentina. Y sobre todo, que se instalara en la agenda pública la discusión sobre el riesgo que generan las armas. De hecho, mueren entre siete y ocho personas por día por las armas de fuego y más de la mitad de esas muertes se producen por conflictos interpersonales, accidentes o suicidios con armas que están en casas de familia.
A pesar de los beneficios, de contar con un programa de entrega voluntaria de armas de fuego, aún no se ha aprobado la ley que permita prorrogar su vigencia hasta 2027. El proyecto tiene la aprobación de la Cámara de Diputados desde octubre de 2024 y dictamen favorable en la Cámara de Senadores, pero no se ha tratado.
Otro logro que se alcanzó por la activa participación de la sociedad civil y las víctimas, fue la creación, por ley, en 2015, de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, que reemplazó al RENAR, un organismo que tenía funciones puramente registrales. La ANMAC fue pensada como una agencia con presupuesto propio y una visión integral del problema de las armas de fuego, capaz de hacerse cargo del control y también de la prevención de la violencia armada. Este proceso contó con el impulso constante de la sociedad civil, que incluyó una carta abierta con más de 25 organizaciones respaldando e impulsando la aprobación de la ley.
“Lamentablemente el Gobierno nacional actual eliminó por decreto (445/25) la Anmac y restituyó el obsoleto RENAR, dictando medidas que promueven la proliferación de las armas de fuego en Argentina: bajó la edad de acceso permitida de 21 a 18 años, para autorizar el uso de armas de fuego, promovió trámites ‘exprés’ para acceder al certificado de legítimo usuario y facilitó el acceso a fusiles semiautomáticos, los mismos que se usan en los tiroteos masivos. Tres medidas que tendrán un fuerte impacto en la cantidad de armas que circulan en el país y el aumento en la cantidad de muertos y heridos que pueden producirse”, advierte Mónica.
El 19 de agosto pasado, Alfredo Marcenac habría cumplido 38 años, pero un asesino que la Justicia declaró inimputable se lo impidió a balazos