En Ecuador, el tráfico de vida silvestre fue tratado históricamente como una infracción administrativa, lo que contribuyó a que se le considerara un delito ambiental de baja prioridad en la agenda penal. Sin embargo, evidencias crecientes en distintas regiones del mundo alertan que este crimen encierra redes mucho más complejas, conectadas con el narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos transnacionales. ¿Está Ecuador en la mira de estas estructuras criminales?
De acuerdo con el informe Intercepted in Motion del Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS) de Washington, el tráfico de fauna silvestre es una industria criminal que mueve cerca de USD 8.000 millones anuales y representa una amenaza seria a la seguridad ambiental, económica y transnacional. Las incautaciones, en distintos países, analizadas por C4ADS evidencian redes que operan con logística sofisticada, mezclan productos como cuernos de rinoceronte, colmillos de elefante y escamas de pangolín, y aprovechan rutas compartidas con otras actividades del crimen organizado.
Aunque Ecuador no figura directamente en los principales mapas de incautaciones masivas descritas por C4ADS, una vocera del centro de estudios advirtió a Infobae que hay patrones preocupantes. “En países como México y Honduras hemos visto cómo los carteles han extendido sus operaciones hacia el tráfico de especies, como los pepinos de mar. También está documentado que, en zonas remotas del Amazonas, los narcotraficantes penetran comunidades indígenas y aprovechan las rutas fluviales para combinar distintos delitos, incluyendo la caza furtiva”, explicó.
En el contexto ecuatoriano, donde convergen la cuenca amazónica, el Pacífico y los Andes, la riqueza biológica se convierte en un factor de riesgo. “No sé hasta dónde ha avanzado esto en Ecuador, pero hemos visto que en otros países las zonas biodiversas y de difícil acceso terminan siendo ocupadas por grupos criminales. Las especies no siempre son el objetivo principal, pero cuando están disponibles y tienen valor en el mercado, se convierten en parte del botín”, añadió la vocería de C4ADS.
El informe de Hugo Echeverría (2023), publicado por el CIIAT de la Universidad Hemisferios, coincide en que el tráfico de vida silvestre en Ecuador se ha incrementado en la última década, incluyendo casos transnacionales como el decomiso de 26 toneladas de aletas de tiburón en Hong Kong en 2021. Aunque el país ha avanzado en la tipificación penal del delito desde el año 2000, la falta de sistematización de sentencias y datos judiciales impide dimensionar su alcance real.
“No hay un portal estatal que sistematice decisiones judiciales sobre delitos ambientales, incluyendo el tráfico de vida silvestre”, señala Echeverría. Esto limita el acceso a la información y el seguimiento de patrones criminales. A pesar de que el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal establece penas de uno a tres años de prisión, y sanciones mayores en casos agravantes, la realidad es que muchos procesos no terminan en condenas efectivas.
Casos documentados por la prensa e incluidos en el informe del CIIAT evidencian la gravedad del problema. Entre ellos está el caso de una embarcación extranjera interceptada con más de seis mil tiburones en la Reserva Marina de Galápagos y otro caso en Orellana, donde cazadores fueron condenados por matar pecaríes con machetes y escopetas en una zona protegida. Estos hechos, aunque sentenciados, no reflejan aún un patrón de conexión con otras economías ilegales.
No obstante, la alerta está latente. En su investigación sobre las incautaciones globales, C4ADS indica que los cargamentos de gran volumen, los envíos con productos mixtos y el uso de rutas marítimas son características de redes sofisticadas con capacidad de lavado de activos. Por ejemplo, los productos ilegales son almacenados en puntos intermedios y luego exportados en contenedores junto a productos legales. Las rutas fluviales y terrestres son aprovechadas por su baja vigilancia, algo que también ocurre en la región amazónica de Ecuador.
Otro patrón detectado por C4ADS es el uso de especies para “blanquear” recursos, al registrar ejemplares traficados como si provinieran de criaderos legales. Esta práctica también podría replicarse en Ecuador, donde los controles sobre los criaderos de vida silvestre no siempre son rigurosos. La entrevistada mencionó que, en otros contextos, los carteles utilizan restaurantes, exportadoras de pescado y otras empresas para lavar dinero procedente del narcotráfico, incorporando también productos de fauna.
En este escenario, Ecuador enfrenta un riesgo doble: por un lado, su biodiversidad es un objetivo atractivo para el tráfico internacional; por otro, su geografía y debilidades institucionales podrían facilitar que estas redes se diversifiquen. Aunque no hay evidencia directa de que carteles estén usando el tráfico de fauna como mecanismo de lavado o ampliación de operaciones en el país, los patrones regionales sugieren que es una posibilidad real.
Un ejemplo emblemático ocurrió en mayo de 2023: en un megaoperativo policial y fiscal se desarticuló una organización liderada por Wilder Sánchez Farfán, alias “Gato Farfán”, un conocido narcotraficante vinculado al cartel de Jalisco Nueva Generación. Durante los 24 allanamientos simultáneos en 9 provincias, orientados principalmente a incautar bienes y dinero de origen ilícito, las autoridades encontraron 23 animales exóticos en propiedades de la red criminal.
Entre los animales decomisados había dos jaguares enjaulados, loros amazónicos, pericos, faisanes asiáticos y otras aves exóticas presuntamente importadas de Asia. Los bienes confiscados a esta organización – incluidos 124 inmuebles, 24 vehículos y la propia finca donde estaban los jaguares – fueron valorados en USD 17 millones, producto del tráfico de drogas. El modus operandi del grupo, según las autoridades, consistía en blanquear las ganancias del narcotráfico invirtiendo en criaderos de camarón, fincas bananeras y otros negocios legales, a lo que se sumaba la tenencia de fauna exótica como símbolo de estatus y posible instrumento de lavado.
La experta de C4ADS resumió el problema de forma contundente: “En muchas regiones, los grupos criminales no se especializan en un solo delito, sino que se adaptan. Si el tráfico de fauna representa una oportunidad, lo integran a su cadena. En zonas remotas, poco vigiladas, con riqueza biológica, eso ya está pasando”.
Frente a esto, el informe de Echeverría llama a sistematizar la información judicial y promover transparencia activa, en cumplimiento del Acuerdo de Escazú. Sin datos confiables y acceso público a las decisiones judiciales, es imposible dimensionar el fenómeno y prevenir que el tráfico de vida silvestre en Ecuador escale al nivel de otros crímenes organizados.