Una banda que operaba desde distintas cárceles bonaerenses y se hacía pasar por administradores de sitios de prostitución para extorsionar a sus clientes —de quienes obtenían información personal a través de bases de datos que compraban a través de Telegram— fue desbaratada en los últimos días tras una investigación que derivó en 37 allanamientos y decenas de detenciones.
Al cabo de una serie de procedimientos realizados este lunes en unidades penitenciarias y domicilios del Conurbano, personal del Departamento Casos Especiales de la Policía Bonaerense detuvo a 31 sospechosos acusados de integrar la organización, entre ellos una oficial de la fuerza, dos empleados del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y un menor de edad.
Según confiaron fuentes policiales a Infobae, la investigación comenzó el 7 de abril pasado, cuando C.L. denunció que, tras ingresar al sitio web “Gemidos TV”, comenzó a recibir llamados de personas que se presentaban como responsables de la página. Bajo amenazas de atentar contra su familia y difundir información personal, le exigían importantes sumas de dinero en concepto de una supuesta “multa”.
“Me volvés a cortar el comunicado y te hago pasar el peor día de tu vida”, se escucha decir a uno de los extorsionadores en el audio que encabeza esta nota. El registro forma parte de las escuchas a las que accedió este medio y que fueron incorporadas al expediente que instruye el fiscal Juan Marcelo Diomede, titular de la UFI N° 5 de La Matanza, con intervención del Juzgado de Garantías N° 1 departamental, a cargo de Mary Mabel Castillo.
En la conversación se advierten las maniobras de presión y manipulación que utilizaban los acusados para intimidar a las víctimas. Del otro lado de la línea, C.L., desesperado por las amenazas que venía recibiendo, se negaba a seguir enviando dinero.
“No tengo plata, te estoy diciendo”, respondió ante los reiterados agravios.
Para entonces, según la investigación, ya había entregado USD 10.000 en efectivo en distintos puntos de encuentro de Tapiales e Isidro Casanova, además de realizar transferencias por otros $3.000.000 a cuentas aportadas por los delincuentes.
Sin embargo, las exigencias continuaron.
“Está bien, no tenés, pero pedí un crédito a tu tarjeta. ¿Cómo me vas a decir que no tenés? ¿Vos con quién te pensás que estás hablando? ¿Qué te pensás, que hace dos días que cuido concha, teta y culo yo, negro? Hace diez años que cuido concha, teta y culo. ¿Qué te pensás, que me vas a venir a boludear a las putas vos?”, le advirtió uno de los presos.
Tras dos semanas de trabajo, los investigadores determinaron que el denunciante había sido víctima de una organización dedicada a captar personas de alto poder adquisitivo a través de redes sociales para luego exigirles dinero bajo amenazas.
Así, el 22 de abril llegaron a los primeros integrantes de la banda y concretaron la detención de Agustín Coria Insaurralde (27) y Johanna Insaurralde (38). Al momento de su arresto, la mujer recibió un llamado telefónico de Marcos Prado, su pareja, señalado como el encargado de aportar información sobre las víctimas y coordinar los lugares donde se retiraba el dinero.
El análisis de los teléfonos secuestrados permitió obtener nuevas pruebas que derivaron en otros allanamientos. Ese mismo día fueron detenidos Silvia Villalba (51), Cristian Audes (53) y Florencia Insaurralde (35). Durante los procedimientos se incautaron celulares, tarjetas SIM y dinero presuntamente vinculado a las maniobras investigadas.
Con los primeros cinco sospechosos detenidos, los detectives lograron establecer que gran parte de las llamadas extorsivas habían sido realizadas por un interno alojado en la Unidad Penal N° 43 de González Catán, quien además administraba parte de los fondos obtenidos mediante las extorsiones.
A partir de esa pista, los investigadores identificaron a otros integrantes de la organización y ubicaron sus domicilios.
Cinco días después, efectivos del Departamento Casos Especiales allanaron la unidad penitenciaria y detuvieron a Prado, quien ya se encontraba preso por una causa por robo agravado tramitada ante el Juzgado de Ejecución Penal N° 3 departamental.
En su celda hallaron una importante cantidad de teléfonos celulares ingresados de manera irregular al penal. Tres de esos aparatos coincidían con los equipos que estaban siendo intervenidos por los investigadores y desde los cuales se realizaban las llamadas extorsivas. También fueron secuestradas tarjetas de memoria y otros elementos de interés para la causa.
Por su parte, otros allanamientos realizados en Isidro Casanova permitieron detener a Leandro Gabriel Prado (36) y Lucas Alejandro González (32), ambos acusados de integrar la organización.
Bases de datos compradas y nuevas detenciones
Tres semanas más tarde, nuevas pericias sobre los teléfonos secuestrados permitieron descubrir que los internos utilizaban perfiles falsos creados en el sitio web “Gemidos TV” y obtenían información personal de las víctimas mediante bases de datos adquiridas a través de Telegram.
Además, los investigadores establecieron que la organización utilizaba “cuentas mula” para recibir y mover el dinero obtenido mediante las extorsiones.
Al reconstruir el recorrido de las transferencias, los detectives identificaron a los destinatarios finales de los fondos. Entre ellos había internos, familiares de los presos e incluso integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense que, según la sospecha de los investigadores, cobraban para facilitar el ingreso de celulares a distintas unidades penitenciarias.
En algunas de las cuentas analizadas se detectaron movimientos por montos que oscilaban entre los 13 y los 30 millones de pesos.
A mediados de mayo, la Policía logró identificar a cerca de 30 presuntos integrantes de la organización. Entre ellos figuraba Maia Camila Geraldine Aranda, una oficial de la Policía Bonaerense de 21 años que prestaba servicio en la Fuerza Barrial de Aproximación de La Matanza Centro.
Según fuentes del caso, la organización operaba desde las unidades penitenciarias N° 43 de González Catán, N° 24 de Florencio Varela y N° 40 y N° 58 de Lomas de Zamora.
La maniobra utilizada era conocida como vishing, una modalidad de ingeniería social basada en llamadas telefónicas mediante la cual los delincuentes obtenían información personal o bancaria para concretar estafas, extorsiones y otras maniobras delictivas.
Una vez obtenido el dinero, los fondos eran distribuidos a través de distintas cuentas bancarias y repartidos entre los miembros de la organización.
Como resultado de los 37 allanamientos realizados en La Matanza, Merlo, Lomas de Zamora, General Rodríguez y Ezeiza, además de dos unidades penitenciarias, este lunes fueron detenidos otros 31 sospechosos.
Entre ellos se encuentran la oficial Aranda, Víctor Damián Maidana (37) y Agustina Julieta Prisila Aranda (23), ambos empleados del Servicio Penitenciario Bonaerense, además de un adolescente de 17 años.
Durante los procedimientos se secuestraron numerosos teléfonos celulares que serán peritados, una pistola calibre 9 milímetros con la numeración suprimida y siete municiones, una Bersa Thunder calibre 9 milímetros, una pistola Bersa TPR9 reglamentaria de la Policía Bonaerense, tarjetas SIM de distintas compañías telefónicas, un chaleco antibalas, dos computadoras con antenas para conexión Wi-Fi y dos laptops.
Este martes, la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense dispuso la inmediata desafectación de la oficial Aranda y el secuestro de su arma reglamentaria.
