Luego de más de quince años de debate público, idas y vueltas judiciales y controversias en el seno de la sociedad mendocina, el Senado de Mendoza autorizó la explotación de uno de los principales yacimientos de cobre en la provincia. Tras la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino, la iniciativa quedó habilitada para avanzar en la explotación del mineral en el área de Uspallata, departamento de Las Heras,. El resultado de la votación fue con 29 votos afirmativos, 6 negativos y una abstención.
Esta medida marca un giro en la política minera provincial, despejando obstáculos administrativos tras un proceso de evaluación que incluyó una audiencia pública de diez días y la presentación de más de 9.500 aportes ciudadanos.
El megaproyecto, promovido por la empresa PSJ Cobre Mendocino, promete una inversión inicial estimada en USD 559 millones, un período de construcción de entre 18 y 24 meses y la creación de aproximadamente 3.900 puestos de trabajo en la etapa de edificación y 2.400 en operación, entre empleos directos e indirectos. La autorización legislativa permitirá el inicio de la fase de factibilidad, la cual demandará alrededor de un año, donde se transformarán los estudios previos en un plan detallado de ejecución alineado a estándares provinciales e internacionales del sector.
La decisión fue celebrada por los impulsores del emprendimiento, quienes vienen planteando el potencial de desarrollo para la región a partir de la actividad minera. Desde la empresa afirmaron que el proyecto fue diseñado con un enfoque preventivo y sostenible, priorizando el uso responsable y eficiente del agua, con recirculación de más del 80% del recurso, y sin utilizar sustancias prohibidas por la ley vigente. La captación se realizará exclusivamente desde el Arroyo El Tigre, cuyo cauce y caudal ecológico –según la compañía– no se verán afectados ni competirán con los consumos de las comunidades, sectores agrícolas ni urbanos. Además, el proyecto contempla el uso de flotación mecánica con reactivos biodegradables y la aplicación de relaves espesados para mejorar la recuperación hídrica y reducir la huella ambiental.
Al término de la sesión legislativa, Fabián Gregorio, CEO de PSJ, destacó ante la prensa: “Esta decisión institucional nos permite dar un paso más en un proceso que ha sido largo, transparente y profundamente participativo. Ahora comienza una etapa de trabajo técnico de factibilidad, donde seguiremos construyendo el proyecto junto a la comunidad, las instituciones y los actores productivos. Nuestro compromiso es avanzar con responsabilidad, diálogo permanente y la convicción de que el desarrollo debe ser compartido por todos”.
Mientras la administración y las cámaras empresarias celebran el avance, organizaciones sociales y referentes ambientales expresaron fuertes reparos sobre los posibles impactos que la explotación pueda tener sobre los recursos acuíferos y la estructura productiva local. Enrique Viale, abogado ambientalista, planteó en declaraciones a Infobae en Vivo que, en Mendoza, existe una histórica sensibilidad en torno a la protección del agua y recordó que “el 4% del territorio provincial es irrigable: el agua define la supervivencia y la producción”. Viale remarcó que la experiencia reciente de la provincia muestra que la explotación minera genera rechazo social y advirtió que en 2019, una movilización masiva logró frenar una iniciativa similar.
El abogado insistió en que el proyecto San Jorge avanza “pese a la ausencia de licencia social y a un antecedente cercano” y alertó sobre el hecho de que múltiples proyectos mineros buscan aval legislativo en paralelo, lo que, según su análisis, “reduce los beneficios para la provincia y favorece a las empresas”. Además, remarcó el riesgo de instalar “megaminería en la cabecera del principal río provincial, el Mendoza”, y señaló que “la gente lo rechaza y no se puede hablar de consenso social”.
Viale también cuestionó el argumento del desarrollo económico y social sostenido por las empresas: “en zonas mineras como Catamarca y San Juan los índices de pobreza y subdesarrollo permanecen elevados”. Las organizaciones ambientalistas señalan que el avance del proyecto tendrá consecuencias sobre el ecosistema regional, en particular sobre la reserva de agua de Uspallata, la cual consideran esencial para la vida, la agricultura y la economía del oasis mendocino.
De acuerdo a los datos comunicados oficialmente, la oficina comunitaria que la empresa mantiene en Uspallata continuará con atención abierta y canales permanentes de consulta e información para la población local, mientras que el sistema de monitoreo ambiental y social prevé participación comunitaria y acceso a datos públicos en todas las etapas del proceso. La vida útil del yacimiento fue estimada en 16 años, con posibilidad de extensión, y contempla un plan integral de cierre de mina conforme a la normativa de Mendoza y estándares internacionales del sector minero.