La Justicia de Tucumán dictó este viernes la prisión preventiva para el ahora ex comisario Gustavo Javier Beltrán (50) y dos efectivos de la policía provincial acusados de sacar presos de sus lugares de detención para realizar trabajos de albañilería en una casa de veraneo en la localidad de El Cadillal, propiedad del mencionado ex jefe policial.
Beltrán -quien fue desplazado de la fuerza tras el escándalo- permanecerá detenido durante seis meses, mientras que sus dos subalternos, el sargento Luis Roberto Trejo (45) y el cabo Osvaldo Lucas Tezeira (45), estarán bajo arresto por los próximos dos meses, conforme a lo solicitado por la fiscalía durante la audiencia.
Durante la jornada se expuso la maniobra que, según la acusación, organizó el ex comisario para aprovecharse del trabajo de los presos, con conocimiento y colaboración del sargento y el cabo bajo su mando.
De acuerdo con la información del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, durante aproximadamente dos meses, Beltrán dispuso el traslado de cuatro detenidos (dos de ellos con condenas por causas de abuso sexual) desde la Comisaría de Chuscha y la Comisaría de Choromoro hacia las dependencias de la Unidad Regional Norte (URN), sin pedir autorización ni avisar a la autoridad judicial, y sin registrar los movimientos en los libros oficiales.
El martes pasado, Beltrán, junto a Trejo y Tezeira, falseó el libro de guardia anotando el traslado de dos convictos hacia la comisaría, aunque el móvil policial en realidad los llevó a la casa de veraneo en construcción del comisario, en El Cadillal. Los presos realizaban allí tareas de albañilería por orden del propietario para su beneficio personal.
La fiscal Mariana Rivadeneira explicó durante la audiencia que el ex jefe de la Unidad Regional Norte contaba con una logística propia de su jerarquía: utilizó un vehículo oficial de la policía (una camioneta Hilux) y combustible del Estado para el traslado de los presos, y sus subalternos seguían sus órdenes.
El hecho -como se dijo- se prolongó durante cerca de dos meses, tiempo durante el cual la fiscalía sostiene que varios efectivos policiales tuvieron conocimiento del esquema. Todo ello surge de un trabajo del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y la división de Delitos Telemáticos, que intervinieron en la recolección de pruebas, como el secuestro de la camioneta de la institución policial, teléfonos celulares y material de videovigilancia.
Así las cosas, la acusación formal sostiene que los tres policías participaron de los delitos de peculado en calidad de autores (Beltrán) y partícipes secundarios (Trejo y Tezeira), abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de instrumentos públicos, todo en perjuicio de la administración y la fe pública.
El juez Eduardo González remarcó la gravedad de los hechos y las responsabilidades derivadas de la antigüedad de los acusados, que suman 30 años de servicio en el caso de Beltrán y entre 17 y 19 años los otros dos efectivos.
En este marco, el caso fue declarado de trámite complejo, ya que la fiscalía sostiene que no solamente hubo un aprovechamiento de presos para beneficio propio, sino que podría haber una red de subordinación interna y posibles encubrimientos.
De esta manera, también se investigan otros posibles delitos. Según fuentes judiciales, los fiscales evalúan sumar el delito de vejaciones a la acusación principal. Uno de los mensajes anónimos recibidos durante la investigación advertía: “Utilizan presos para trabajos forzosos”. Además, los familiares de los detenidos aportaron testimonios sobre los traslados y el retiro de materiales de construcción con la camioneta oficial.
Mientras sigue la investigación, desde el MPF solicitaron que los tres sospechosos sigan arrestados debido a los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación. Las defensas, por su parte, plantearon la reserva de impugnar la resolución judicial, solicitando la libertad bajo caución de 10 millones de pesos o el arresto domiciliario, pedidos que finalmente fueron rechazados.
No está definido el lugar de detención. Podría ser el servicio penitenciario de Benjamín Paz o Villa Urquiza, dados sus cargos en la fuerza y la disponibilidad de cupo.
En cuanto a la situación laboral de los acusados, Beltrán fue dado de baja de la fuerza policial tras estos hechos, mientras que Trejo y Tezeira aguardarán su situación procesal con la medida de coerción más restrictiva.
La audiencia había comenzado ayer pero tuvo que suspenderse por un problema de salud de Tezeira, quien padece hipertensión y problemas cardíacos. Fue atendido en un hospital y recibió el alta ese mismo día, por lo que este viernes pudo presentarse ante la Justicia.
Al defenderse, Trejo también hizo referencia a su estado de salud: explicó que, por un tema de estrés, se encontraba realizando tareas de logística y mantenimiento en la casa de Beltrán.
El trámite de la causa ahora continúa con la recolección de pruebas y la realización de peritajes sobre 12 teléfonos celulares y la reconstrucción de la ruta de los móviles policiales, además de la toma de nuevas declaraciones a quienes estuvieron involucrados o conocieron el traslado de los presos y la presunta utilización de sus trabajos en beneficio de los imputados.