Fernando Cerimedo se presentó ante la Fiscalía Departamental de La Paz para prestar declaración informativa en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito y afirmó percibir ingresos de cerca de un millón de dólares mensuales generados por actividades fuera de Bolivia.
El consultor político argentino, de 41 años, se limitó a responder algunas de las más de 200 preguntas del cuestionario con una fórmula invariable: “No tiene nada que ver con el caso”.
La declaración, prestada de forma voluntaria según consta en el acta firmada ante el fiscal de materia Miguel A. Cardozo Ramírez y el investigador asignado Gabriel O. Onispe Mendoza, se extendió a lo largo de 15 bloques temáticos que abarcaron desde sus antecedentes personales y su estructura empresarial hasta su presunta influencia sobre ministros del gabinete y su papel en la elaboración de discursos presidenciales.
Cerimedo optó por responder solo las preguntas que consideró pertinentes y rechazó sistemáticamente las que, a su juicio, excedían el objeto de la investigación.
Sus ingresos y su estructura empresarial
Ante la pregunta sobre su ingreso mensual durante 2025, Cerimedo respondió: “Cerca de un millón de dólares con actividades fuera de Bolivia”. Al ser consultado por 2026, sostuvo que la cifra era “similar, parcializando el año 2025 con todos los ingresos de las empresas del exterior”. Negó la existencia de ingresos adicionales y afirmó no tener cuentas bancarias en Bolivia, aunque sí en Argentina y Estados Unidos.
Cerimedo se definió como un “consultor político internacional” con operaciones en ambos países y desplegó ante los investigadores un mapa detallado de sus empresas. En EEUU opera Numen Group Inc. desde 2021, de la que es socio único y a través de la cual presta servicios a clientes de distintas naciones. En Argentina dirige Numen de Publicidad, con 35 empleados y 12 clientes, con sucursales. A esas firmas se suman Academia Numen —dedicada a cursos de tecnología vinculados al Project Management Institute—, una productora audiovisual denominada USRL y otras sociedades sin actividad. Está asociado con su esposa, Natalia Basil, en todas esas firmas, con excepción de la radicada en territorio estadounidense. Negó tener empresas, inversiones o activos registrados a nombre de terceros: “No, ni en Bolivia ni en Argentina, tengo todos a mi nombre”, declaró.
Sus viajes y la intención de instalarse en Bolivia
Sobre su presencia en el país andino, Cerimedo precisó que ingresó por primera vez en 2024, que él mismo financió ese viaje —al igual que sus gastos de alojamiento y transporte— y que no recordaba el motivo ni con quién se reunió en esa ocasión.
Al ser interrogado sobre la cantidad de veces que ingresó en 2025, respondió que no recordaba el número.
Para 2026, la respuesta fue similar: “Pídanle a flujo migratorio, muchas veces. Quería instalarme en Bolivia, estaba desarrollando un proyecto de comunicación de marketing”, declaró.
También afirmó ser él mismo quien coordinaba sus actividades en el país y que nadie le proporcionaba información ni financiaba esas actividades.
Su rol en la campaña y en el gobierno de Rodrigo Paz
El bloque de preguntas sobre la campaña presidencial reveló las únicas respuestas concretas que Cerimedo ofreció en ese tramo del interrogatorio. Admitió haber colaborado con “consejos de comunicación digital” durante la campaña de Rodrigo Paz, aunque no recordó quién lo contactó, negó la existencia de un contrato escrito y rechazó haber recibido financiamiento de empresas: “Tengo en claro que nunca me financiaron, resalto que ayudé en consejos de comunicaciones digitales”, afirmó.
Reconoció que ya tenía relación con Paz antes de las elecciones de 2025 y que el presidente era su principal contacto dentro de ese entorno. Al ser consultado sobre si Paz le solicitaba asesoramiento directamente, respondió: “No”.
A partir del inicio del gobierno, el cuestionario se volvió más específico y la estrategia de Cerimedo más hermética. Ante preguntas sobre si tenía oficina en la Casa Grande del Pueblo, si contaba con credencial de acceso, si participó en reuniones de gabinete, si elaboró o modificó discursos presidenciales, si administraba cuentas de redes sociales oficiales, si impartió instrucciones a ministros o si intervino en licitaciones, contratos estatales, decretos supremos o proyectos de ley, la respuesta fue siempre la misma: “No tiene nada que ver con el caso”.
El cuestionario incluso indagó sobre si alguna vez se presentó ante terceros como representante del presidente o dijo ser su asesor, y la respuesta no varió.
Sus dichos respecto a la versión presidencial
Uno de los bloques más tensos de la declaración fue el dedicado a las contradicciones con las declaraciones públicas del propio Paz. Los fiscales le recordaron que el presidente había manifestado el 26 de agosto que Cerimedo “nunca tuvo autorización para representar a la Presidencia, al Gobierno o a su familia” y que nunca existió una relación laboral directa entre ambos.
Le preguntaron si estaba de acuerdo con esa afirmación, si podía explicar cuál era exactamente su función y quién lo autorizaba a ingresar a reuniones de alto nivel o a acceder a funcionarios y ministros. A cada una de esas preguntas, Cerimedo respondió: “No tiene nada que ver con el caso”.
En el texto que aportó al inicio de la declaración, el propio Cerimedo había señalado que “jamás tuvo la autorización de representar al Estado boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a la familia presidencial”, en línea con la versión del mandatario.
El origen de la investigación y la acusación de Cerimedo
La causa tiene su origen en el hallazgo de 700.000 dólares en efectivo, un arma de fuego, un título de propiedad de un inmueble ubicado en la calle 12 de Calacoto N° 8157 y un vehículo motorizado con placa de control 7276 PFP, circunstancias que motivaron la ampliación de la investigación y la aprehensión del consultor.
Al cierre de su declaración, Cerimedo utilizó el espacio para añadir una declaración política: “Quiero declarar que esto es un intento de golpe de Estado para desestabilizar el gobierno de Rodrigo Paz, violentando todos los derechos y tratados internacionales. Me reservo el derecho de accionar legalmente en Bolivia y ante cortes internacionales contra todos los que han vulnerado los derechos internacionales, y que no entiendo los cargos que me han señalado ahora”.
El acta fue firmada por el declarante, el investigador asignado y el fiscal de materia de la Fiscalía Departamental de La Paz.
