El eco de las turbinas en la Fuerza Aérea Guatemalteca, en la zona 13 de la capital, se mezcló con el silencio tenso de los pasajeros que descendían del avión. Entre ellos, Gladis “N”, una profesional de la administración de 40 años, no cruzó la pista en busca de un reencuentro familiar.
La esperaban agentes de la Policía Nacional Civil y delegados de INTERPOL. Terminaba así una fuga internacional que se extendió durante ocho años y que comenzó tras un crimen oculto bajo la apariencia de un accidente doméstico en el departamento de San Marcos.
La historia se remonta al 9 de septiembre de 2017, en una vivienda del cantón Victoria, en el municipio de Malacatán, donde un hombre de 37 años, originario de Jordania y de religión musulmana, perdió la vida de manera abrupta. El matrimonio recién celebrado entre la víctima y Gladis “N” parecía unir dos culturas distantes, aunque la convivencia resultó breve y trágica.
Según la versión que la mujer entregó a las autoridades locales, su esposo falleció mientras realizaba trabajos de jardinería, al caer y golpearse la cabeza contra unas piedras. Un médico particular, convocado por la propia Gladis, emitió un certificado que validaba la hipótesis del accidente sin ejercer mayores indagaciones.
La coartada permitió que el cuerpo fuera trasladado a la Ciudad de Guatemala para los actos fúnebres. El proceso, sin embargo, se vio interrumpido cuando los familiares del fallecido, durante el ritual islámico de purificación, advirtieron que las lesiones no correspondían a una caída.
Detectaron heridas compatibles con impactos de proyectil de arma de fuego, incompatibles con la versión oficial. Según el relato de la familia recogido por las autoridades, “las señales en el cuerpo eran evidentes y no podían pasar desapercibidas”.
Por lo que, Gladis “N” impidió el acceso de los peritos a la vivienda en San Marcos, argumentando que los procedimientos criminalísticos transgredían las normas religiosas de su esposo. Esta negativa, sumada a la denuncia de los parientes, motivó la intervención del Ministerio Público (MP) y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). Los análisis forenses posteriores confirmaron que el certificado médico inicial había sido expedido para encubrir un asesinato.
Cuando la investigación judicial comenzó a avanzar, la administradora huyó hacia Estados Unidos, extendiendo un periodo de clandestinidad que culminó con su captura y este día 23 de mayo.
La tipificación de los delitos en la ley guatemalteca
El proceso judicial abierto en Guatemala incluye dos acusaciones principales. La primera, por parricidio, se fundamenta en el Artículo 131 del Código Penal, que sanciona con prisión de 25 a 50 años a quien, conociendo el vínculo, da muerte a su cónyuge. El vínculo matrimonial entre Gladis y la víctima jordana constituye el elemento determinante para la tipificación de este delito.
La segunda figura penal es la obstaculización a la acción penal en forma continuada, según el Artículo 9 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada. Esta establece penas de 6 a 8 años de prisión para quien obstaculiza la investigación judicial mediante engaño, amenaza o desvío de pruebas.
La conducta de Gladis quedó registrada en varias etapas: primero, al mentir a las autoridades; luego, al presentar documentación falsa, y finalmente, al utilizar argumentos religiosos para restringir la labor de los peritos.
De momento, el proceso judicial sigue su curso y mantiene en prisión a la acusada, mientras la investigación busca esclarecer si existieron cómplices en la expedición del certificado médico y en la manipulación de la escena.
La llegada de Gladis “N” en calidad de deportada marcó el final de una huida y el inicio de un juicio que podría derivar en una condena de hasta medio siglo. El caso, seguido de cerca por medios locales, pone a prueba los mecanismos de cooperación internacional y los protocolos de investigación en crímenes que cruzan fronteras.
