El Gobierno derogó 58 normas, principalmente dictadas entre 2022 y 2023, vinculadas al comercio interior con el objetivo de simplificar las relaciones comerciales entre proveedores y consumidores. La medida se vincula con el proceso de desburocratización que busca llevar adelante el Ejecutivo desde el inicio de la gestión.
Según fuentes oficiales, la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026 buscan contribuir a una mayor claridad del marco legal y, a su vez, facilitar la interpretación de la normativa estatal, eliminando ambigüedades regulatorias y reduciendo la incertidumbre jurídica.
“Desde diciembre de 2023, la Secretaría de Industria, Comercio y PyME impulsa una revisión integral de la normativa vigente orientada a simplificar el entramado regulatorio y adecuarlo al marco legal actual. A la fecha se han derogado 240 normas para simplificar el comercio, desburocratizar la gestión y dotar de transparencia al mercado”, señalaron.
En detalle, se derogaron 22 normativas vinculadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), un instrumento de intervención directa que tenía como objetivo controlar los precios en la cadena triguera.
Además, se eliminaron 30 normativas asociadas a los programas Ahora 12 y Cuota Simple, lo que, según el Gobierno, representaba una modalidad de intervención indirecta sobre las condiciones crediticias del mercado.
Vale recordar que Cuota Simple, la herramienta del actual gobierno que reemplazó el plan Ahora 12 y que permitía pagar con tarjeta de crédito en 3 y 6 cuotas fijas a una tasa de interés menor a la del mercado, finalizó en junio de 2025 y se definió no prorrogarlo. Comercios de todo el país habían adherido al programa para ofrecer cuotas fijas, muchas veces sin interés para el consumidor final.
Aunque luego las billeteras virtuales, los bancos y las procesadoras de cobro presentaron sus propias propuestas para continuar ofreciendo financiación en cuotas, la suba de tasas de interés impidió que la iniciativa se extienda de manera generalizada, principalmente entre las pymes.
También, la normativa publicada este martes dejó sin efecto 4 normativas que imponían a las instituciones privadas de enseñanza la obligación de notificar anticipadamente sus aranceles, medida que “generaba distorsiones de precios, ya que los colegios fijaban aumentos preventivos y arbitrarios”.
A esto se suma la derogación de una normativa accesoria al programa Precios Cuidados, surgido en 2014 como una política que consistía en un acuerdo de precios de alimentos con revisión periódica, limpieza del hogar, perfumería, aseo personal y que se extendió a otros productos como motos, insumos de construcción y abonos de telefonía celular. Posteriormente, se implementaron otros esquemas similares, como Precios Justos.
Finalmente, se eliminó una disposición que duplicaba mecanismos de atención para adolescentes consumidores, lo que permite concentrar los reclamos en un canal especializado y ofrecer respuestas más ágiles y eficientes.
En cuanto a la no renovación de los programas, los considerandos de la resolución señalan que “se inscribe en el marco de un proceso de normalización del mercado de crédito, buscando restablecer las señales de precio y eliminar las distorsiones en la asignación de capital; por lo que resulta imperativo proceder a la derogación de toda la normativa complementaria y reglamentaria dictada en función de dichos programas”.
“La eliminación de normas innecesarias contribuye a una mayor claridad en el marco legal, y facilita su interpretación y aplicación por parte de los ciudadanos y los operadores jurídicos, lo que reduce la ambigüedad y la incertidumbre jurídica”, sostiene la norma.
Asimismo, se derogó la Resolución N° 236/2021, que permitía a adolescentes de 13 a 17 años presentar reclamos como consumidores en la Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor y otros sistemas de resolución de conflictos.
Se justifica la derogación porque el Ejecutivo consideró que la normativa actual ya garantiza la protección de los derechos de los adolescentes en las relaciones de consumo, incluyendo procedimientos especiales y trato preferencial para personas en situación vulnerable por edad. La medida busca evitar superposiciones normativas y simplificar los procesos administrativos.
