El próximo domingo 16 de noviembre de 2025, los ecuatorianos acudirán a las urnas para participar en un referéndum y consulta popular convocados por el presidente Daniel Noboa. El proceso, aprobado por la Corte Constitucional y organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), plantea cuatro preguntas que podrían modificar de manera sustancial el marco político y constitucional del país.
El padrón electoral supera los 13,9 millones de votantes, entre residentes en Ecuador y en el exterior, quienes recibirán una papeleta con cuatro casilleros. Tres de ellos corresponden a un referéndum de reformas parciales a la Constitución y el cuarto a una consulta popular para decidir si se convoca o no a una nueva Asamblea Constituyente.
Primera pregunta: ¿bases militares extranjeras en Ecuador?
La primera pregunta, identificada como casillero A, propone eliminar la prohibición constitucional vigente desde 2008 que impide el establecimiento de bases militares extranjeras o de instalaciones con fines militares en territorio ecuatoriano.
Actualmente, el artículo 5 de la Constitución señala: “El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.
La propuesta de reforma sustituiría ese texto por una sola línea: “El Ecuador es un territorio de paz”. En la práctica, esto eliminaría las restricciones explícitas a la presencia de tropas o bases extranjeras, abriendo la puerta a eventuales acuerdos de cooperación militar con otros países.
El presidente Noboa ha defendido la iniciativa como parte de su estrategia de seguridad nacional y lucha contra el narcotráfico, argumentando que el país necesita cooperación internacional para enfrentar el avance del crimen organizado transnacional.
El tema, sin embargo, genera una fuerte controversia en Ecuador, donde la memoria del cierre de la base estadounidense en Manta en 2009 sigue siendo un símbolo de soberanía. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y movimientos de izquierda han llamado a votar por el No, advirtiendo que el cambio podría poner en riesgo la independencia del país.
Segunda pregunta: financiamiento público a los partidos políticos
La segunda pregunta, o casillero B, plantea eliminar el financiamiento estatal permanente a los partidos y movimientos políticos. Actualmente, la Constitución obliga al Estado a entregar recursos a través del Fondo Partidario Permanente y del Fondo de Promoción Electoral, administrados por el CNE.
El texto propuesto sustituiría el artículo 110 por una versión que dispone que los partidos se financien únicamente con los aportes de sus afiliados y simpatizantes.
En caso de aprobarse, el Estado dejaría de cubrir los gastos de funcionamiento de las organizaciones políticas, aunque seguiría financiando parcialmente las campañas electorales, como lo establece el artículo 115 de la Constitución.
Entre 2015 y 2020, los partidos ecuatorianos recibieron más de USD 34 millones en fondos públicos, según el Observatorio de Financiamiento de la Política. Los defensores del “Sí” sostienen que el cambio ahorrará recursos y fomentará la transparencia; mientras que los críticos advierten que aumentará la dependencia de las organizaciones políticas respecto a donaciones privadas y reducirá la equidad electoral.
Tercera pregunta: reducción del número de asambleístas
La tercera pregunta, casillero C, propone modificar el artículo 118 de la Constitución para reducir de 151 a 73 el número de legisladores en la Asamblea Nacional.
El nuevo esquema plantea 10 asambleístas nacionales, uno por cada provincia y uno adicional por cada 400.000 habitantes, según el último censo nacional. Actualmente, el cálculo es de dos asambleístas por provincia más uno adicional por cada 200.000 habitantes que superen los 150.000.
De aprobarse la reforma, las provincias más pobladas como Guayas, Pichincha y Manabí verían disminuida su representación, mientras que las menos pobladas mantendrían al menos un escaño. El cambio busca, según el Gobierno, corregir distorsiones en la representatividad, pues hoy el voto de un ciudadano puede tener hasta 15 veces más peso en una provincia pequeña que en una grande.
Para los críticos, la reducción podría afectar la pluralidad y limitar la representación regional y de minorías políticas. Además, implicaría una reestructuración profunda del sistema legislativo ecuatoriano, que pasaría a tener menos de la mitad de sus actuales curules.
Cuarta pregunta: convocatoria a una Asamblea Constituyente
La cuarta pregunta, casillero D, corresponde a la consulta popular y busca decidir si Ecuador debe convocar una Asamblea Constituyente encargada de redactar una nueva Constitución.
Si gana el “Sí”, el CNE tendrá 90 días para organizar las elecciones de 80 asambleístas constituyentes: 24 nacionales, 50 provinciales y 6 por las circunscripciones en el exterior. Este órgano tendría 180 días, prorrogables por 60 más, para redactar el nuevo texto constitucional, que luego deberá ser sometido a referéndum aprobatorio.
Las mesas temáticas de la Asamblea se dividirían en ocho áreas: Derechos Fundamentales, Organización del Estado, Economía y Finanzas, Justicia, Participación Ciudadana, Régimen Territorial, Medio Ambiente y Desarrollo Social.
El Gobierno sostiene que una nueva Carta Magna es necesaria para enfrentar la crisis institucional, la violencia y la pérdida de confianza en la justicia y el sistema político, que alcanzan niveles históricos. Según el texto oficial del decreto, el proceso busca “refundar el Estado ecuatoriano” y adecuar el marco constitucional a los desafíos contemporáneos, como la crisis climática y la revolución tecnológica.
Para la oposición, sin embargo, la iniciativa abre la posibilidad de concentrar poder en el Ejecutivo y debilitar los contrapesos institucionales.
Un proceso decisivo para el rumbo del país
El referéndum del 16 de noviembre marcará un punto de inflexión en la política ecuatoriana. Es el segundo proceso de este tipo convocado por Daniel Noboa desde su llegada al poder en noviembre de 2023, tras el referéndum de abril de 2024 en el que se aprobaron reformas sobre seguridad y justicia.
En esta ocasión, las preguntas abordan directamente el modelo de Estado, la distribución del poder y la soberanía nacional, temas que tocan la médula de la democracia ecuatoriana.
Los resultados podrían reconfigurar el sistema político heredado de la Constitución de Montecristi de 2008, aprobada durante el gobierno de Rafael Correa, y abrir un nuevo ciclo institucional con profundas implicaciones en la gobernabilidad, la representación y las alianzas internacionales del país.