El Congreso Nacional se prepara para discutir y aprobar un paquete de reformas penales orientadas a fortalecer el combate contra la criminalidad organizada en Honduras, incluyendo la posible declaratoria de las maras y pandillas como grupos terroristas y el endurecimiento de penas para delitos relacionados con la extorsión.
Las reformas, impulsadas a solicitud de la Secretaría de Seguridad, ya avanzaron a segundo debate legislativo y podrían ser aprobadas la próxima semana si logran el respaldo mínimo de 65 diputados en el pleno.
La iniciativa contempla modificaciones a ocho artículos del Código Penal y del Código Procesal Penal, en medio del aumento de preocupación por la violencia vinculada a estructuras criminales dedicadas a extorsión, sicariato y control territorial en distintas regiones del país.
Uno de los cambios más relevantes se enfoca en el delito de extorsión. Según las reformas planteadas al artículo 273 del Código Penal, las penas pasarían de 15 a 20 años de prisión para quienes sean hallados culpables de este delito.
Además, el proyecto establece la aplicación de cadena perpetua en casos donde la víctima fallezca como consecuencia de actos vinculados a la extorsión, lo que representaría uno de los endurecimientos más severos del marco penal hondureño en los últimos años.
Maras y pandillas bajo figura de terrorismo
Otro de los puntos centrales del paquete legislativo es la reforma al artículo 587 del Código Penal, mediante el cual determinadas estructuras criminales podrían ser catalogadas formalmente como organizaciones terroristas.
De aprobarse la modificación, el Estado tendría mayores herramientas jurídicas para investigar, judicializar y sancionar a integrantes de maras y pandillas bajo esquemas legales utilizados contra estructuras terroristas y crimen organizado transnacional.
Integrantes de la Comisión de Seguridad del Congreso argumentan que las reformas buscan responder al crecimiento de delitos violentos y fortalecer las capacidades operativas de las autoridades de seguridad y justicia.
El diputado José Sabillón, miembro de dicha comisión legislativa, destacó que las medidas forman parte de una estrategia dirigida a enfrentar delitos que continúan afectando a comerciantes, transportistas y ciudadanos en diferentes zonas urbanas del país.
El proyecto también incorpora nuevas disposiciones destinadas a facilitar investigaciones criminales. El artículo tres del dictamen establece que empresas y organizaciones públicas y privadas estarán obligadas a proporcionar información requerida por las autoridades competentes cuando existan investigaciones relacionadas con estructuras criminales o delitos graves.
La propuesta ha generado debate entre sectores jurídicos y defensores de derechos humanos, quienes insisten en la necesidad de garantizar controles judiciales claros para evitar posibles abusos o vulneraciones a derechos fundamentales.
El abogado penalista Hermes Ramírez advirtió que cualquier ampliación de facultades investigativas debe mantenerse dentro de los límites constitucionales y respetar garantías procesales.
Reformas Código Penal
El paquete legislativo también incluye modificaciones al artículo 237-A del Código Procesal Penal, relacionado con medidas de protección para grupos vulnerables.
Aunque el Congreso aún no detalla el alcance completo de esos cambios, organizaciones vinculadas a seguridad y justicia señalan que las reformas podrían fortalecer mecanismos de protección para víctimas y testigos en procesos ligados al crimen organizado.
Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), resaltó que cualquier reforma penal debe acompañarse de fortalecimiento institucional, investigación científica y depuración dentro de los organismos encargados de aplicar la ley.
Medidas antiextorsión
Las reformas surgen en un contexto donde Honduras continúa enfrentando altos niveles de violencia asociados a maras, pandillas y redes de extorsión que operan especialmente en zonas urbanas.
En los últimos años, distintos gobiernos han impulsado estados de excepción, operativos militares y endurecimiento de penas como parte de las estrategias de seguridad pública, aunque expertos han advertido que las soluciones requieren también inversión social, prevención y fortalecimiento del sistema judicial.
Mientras el Congreso se prepara para la votación definitiva, el debate se mantiene entre quienes consideran necesarias medidas más severas contra el crimen organizado y quienes alertan sobre posibles riesgos de ampliar excesivamente el poder punitivo del Estado.
