El 16 de noviembre, The New York Times sostuvo que Donald Trump, en un eventual segundo mandato, buscaría “vengarse” de tres instituciones a las que acusa de haber frustrado su gestión anterior: el Pentágono, el Departamento de Justicia y las agencias de inteligencia.
Cuatro años atrás, Trump había designado en cargos relevantes a oficiales superiores de las Fuerzas Armadas al asumir. Nombró al primer militar como secretario de Defensa, el ex comandante de los Marines Jim Mattis, un general retirado de cuatro estrellas y dueño de una extensa biblioteca. Para el Consejo de Seguridad Nacional eligió al general H.R. McMaster. Como secretario de Seguridad Nacional designó al general de cuatro estrellas John Kelly, quien luego pasó a ser jefe de gabinete de la Casa Blanca.
La intención de Trump era clara: rodearse de militares para proyectar una imagen de poder y garantizar el alineamiento pleno de las Fuerzas Armadas con su gobierno. Sin embargo, el plan no prosperó. McMaster dejó el cargo al poco tiempo por diferencias con el presidente. Mattis renunció más tarde, insatisfecho con el abandono de las milicias kurdas proestadounidenses que habían combatido en Siria. Kelly también dimitió y, tras las elecciones, fue uno de los más críticos con Trump, al afirmar que este sería “un dictador”. En los días previos a las elecciones, una decena de generales retirados promovieron el voto por Kamala Harris, aunque ninguno de ellos había tenido la cercanía con Trump que tuvieron los mencionados.
Al día siguiente, The Washington Post realizó un análisis similar a partir de los nuevos funcionarios designados. Como asesor de Seguridad Nacional, Trump eligió a Michael Waltz, legislador republicano de Florida y coronel retirado de la Guardia Nacional. Para secretario de Defensa nombró a Pete Hegseth, conductor de Fox News y mayor de la Guardia Nacional, quien sirvió en Irak y Afganistán y es un crítico del llamado “Ejército Woke”.
Asimismo, nombró como directora de Inteligencia Nacional a la excongresista Tulsi Gabbard, teniente coronel de la reserva del Ejército, quien pasó de ser demócrata a republicana y ha expresado apoyo a Vladimir Putin y Bashar Al-Assad. Para fiscal general había considerado inicialmente a Matt Gaetz, quien sugirió abolir el FBI, pero este declinó el ofrecimiento tras ser investigado por tráfico sexual. Trump mantiene un encono particular contra dicha agencia, que allanó su residencia en busca de documentos oficiales. Se espera que el actual director del FBI, Christopher Wray, sea reemplazado.
En relación con las Fuerzas Armadas, The Wall Street Journal reportó que Trump analiza establecer una “Junta de Guerra” compuesta por militares retirados con la potestad de recomendar la remoción de generales de tres y cuatro estrellas, lo que implicaría una purga en la cúpula militar actual.
Trump finalizó su primer gobierno con una muy mala relación con los militares. Concretamente, cuando el 6 de enero de 2021 los partidarios del entonces presidente tomaron el Congreso, el partido demócrata quedó paralizado y los militares expectantes. Pero el entonces Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Mark Milley, convocó a la máxima conducción militar integrada por los jefes de las cinco Fuerzas (Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Marines y Fuerza Espacial), más los jefes de la Reserva y de la Guardia Nacional. Los ocho hicieron público un documento conjunto en el cual decían que, como habían hecho durante más de doscientos años, iban a defender la Constitución.
Fue el hecho que precipitó el fracaso de la denuncia de fraude de Trump. Esta es para el presidente ahora electo la traición más relevante, que lo lleva a querer articular nuevos mandos militares con normas diferentes para su manejo y funcionamiento. Entre los actuales militares en actividad, el Jefe del Estado Mayor Conjunto, el general de Fuerza Aérea Charles Brown, que asumió en noviembre del año pasado tras la salida de Milley, es considerado un exponente de la mencionada mentalidad woke. Es el segundo Jefe del Estado Mayor Conjunto afroamericano (el primero fue el general Collin Powell, que también llegó a ser Secretario de Estado). Durante las protestas por la muerte de George Floyd, Brown hizo reflexiones sobre la segregación que había sufrido a lo largo de su carrera militar.
En un libro publicado por Trump en la segunda parte de su primer mandato, calificó a los generales de “perdedores, imbéciles y nenes de pecho” por objetar sus órdenes.
Pero lo que pondrá a prueba el grado de energía que Trump ponga en su “venganza” con los militares y funcionarios de inteligencia que le fueron desafectos será el caso del general Mark Milley. Él fue quien lideró la negativa a apoyar la toma del Congreso y la denuncia de fraude. Ya a mediados de 2020, cuando se produjeron las protestas por el caso Floyd, inicialmente Milley acompañó vestido de combate al presidente Trump, que esgrimía una Biblia, cuando salió de la Casa Blanca para proteger una capilla cercana que estaba siendo atacada.
Pero la reacción negativa que recibió por esa actitud lo llevó a pronunciar un discurso tres semanas más tarde, en el que dijo: “Nuestro único libro es la Constitución”. Durante los dos días de enero de 2021 en el cual el poder parecía indeciso, Milley se comunicó con su par chino para garantizarle que la crisis interna no se iba a proyectar a las relaciones internacionales del país, para desalentar cualquier equívoco entre las dos primeras potencias del mundo.
Trump sostiene que en ese momento él era el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y que Milley no lo informó de su gestión con China, la cuál él no hubiera autorizado. Por esta actitud, el presidente electo dijo públicamente que el ex Jefe del Estado Mayor Conjunto -que dejó el cargo en noviembre tras un plazo previsto de cuatro años-, era “un traidor que en otras épocas habría sido ejecutado”. Lo ha acusado también de ser el responsable del desordenado repliegue de las fuerzas de la OTAN en Afganistán y de errores en la conducción de operaciones en la guerra de Ucrania.
El caso Milley puede ser una primera evidencia de cuál será la intensidad de Trump para castigar al sector militar. Los colaboradores que ha elegido son miembros de la Guardia Nacional o de la Reserva, no militares profesionales, y además ninguno pasa del grado de coronel. Se trata de un desafío para la jerarquía militar, pero que de prosperar y tener éxito se constituirían Fuerzas Armadas alineadas políticamente con el nuevo gobierno.
Pero el 28 de noviembre, tres semanas antes de asumir, Trump hizo una excepción relevante a esta aversión hacia los militares profesionales: nombró a Keith Kellogg, el general retirado de ochenta años que es considerado uno de sus incondicionales, como “enviado especial para Ucrania y Rusia”. Kellogg había declarado antes de la elección que suspendería la ayuda militar a Kiev, el punto central en las diferencias en el campo estratégico entre el nuevo presidente republicano y la Unión Europea. En un comunicado publicado en redes sociales, Trump sostuvo respecto al próximo funcionario: “¡Estuvo conmigo desde el principio! Juntos lograremos la paz a través de la fuerza y haremos que Estados Unidos y el mundo vuelvan a ser seguros”. Destacó también que el militar retirado ha tenido una destacada carrera militar y empresarial y que tuvo funciones “altamente sensibles” durante su primer mandato, entre 2017 y 2021.
Todo ello va en línea con la reticencia de Trump, expresada en repetidas ocasiones, al apoyo militar de Washington a Kiev, quien además ya dijo que dialogaría con Putin para resolver el conflicto.