El Consejo de Estado emitió una orden que podría transformar el proceso de selección de notarios en el país. En su fallo, la Sección Quinta del alto tribunal determinó que, en un plazo máximo de tres meses, el Consejo Superior de la Carrera Notarial debe convocar un concurso público de méritos para llenar las vacantes actuales en las notarías.
Esta decisión busca poner fin a la interinidad que ha caracterizado el nombramiento de notarios, un tema que suscitó controversia debido a la discrecionalidad con la que el gobierno ha manejado estas designaciones.
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La medida se fundamenta en el incumplimiento de los artículos 2 y 3 de la Ley 588 de 2000, que estipulan que los cargos notariales deben ser ocupados mediante concursos de méritos. Según el Consejo de Estado, el organismo encargado de asesorar al Gobierno en asuntos de fe pública no ha cumplido con su deber de convocar estos concursos, lo que ha permitido que el Gobierno designe notarios de manera discrecional, sin que estos sean considerados funcionarios del Estado.
El Consejo Superior de la Carrera Notarial, compuesto por altos funcionarios como el ministro de justicia y el presidente de la Corte Suprema, entre otros, tiene la responsabilidad de organizar estos concursos. La falta de concursos ha permitido que las notarías se conviertan en un recurso político valioso, donde las designaciones interinas han sido utilizadas como moneda de cambio en el ámbito político, un fenómeno que se evidenció en el escándalo conocido como ‘Yidispolítica’.
La sentencia del Consejo de Estado no solo busca regularizar la situación de las notarías, sino también garantizar la transparencia y el cumplimiento de los procesos de selección, considerados esenciales para el fortalecimiento del servicio público notarial.
Esta decisión podría cambiar la dinámica de poder en torno a las notarías, reduciendo la influencia política en su gestión y asegurando que los cargos sean ocupados por personas seleccionadas por sus méritos.
El fallo fue recibido con interés por diversos sectores, ya que podría significar un paso hacia una administración más justa y equitativa de las notarías en Colombia. La implementación de concursos de méritos podría establecer un precedente en la forma en que se manejan otros cargos públicos en el país, promoviendo la meritocracia y reduciendo la corrupción.