Las discusiones sobre el tamaño y las prioridades del gasto público en Panamá comenzarán la otra semana. A partir de este lunes 25 de mayo, unas 96 instituciones del Estado iniciarán las vistas presupuestarias ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), un proceso clave para la elaboración del Presupuesto General del Estado correspondiente a la vigencia fiscal 2027.
Durante estas sesiones, ministros, viceministros, directores de entidades autónomas y representantes de los consejos provinciales deberán sustentar ante los técnicos del MEF sus necesidades financieras, programas de inversión, proyectos en ejecución y nuevas iniciativas que buscan desarrollar durante el próximo año.
El proceso se extenderá hasta el 5 de junio y constituye el primer paso formal para definir cuánto gastará el Estado panameño en 2027.
Según explicó el director de Presupuesto General del Estado, Aurelio Mejía, la fase inicial consiste en la presentación de cifras preliminares y en la identificación de las principales necesidades de cada institución.
Posteriormente, el MEF evaluará las solicitudes y preparará el anteproyecto de presupuesto que será sometido a consideración del Consejo de Gabinete antes de ser remitido a la Asamblea Nacional. Se espera que el documento llegue al Legislativo a finales de julio.
La primera jornada incluye la comparecencia de entidades como la Dirección General de Contrataciones Públicas, la Autoridad de Pasaportes, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, la Autoridad de Aeronáutica Civil, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia del Área Económica Especial de Aguadulce, entre otras.
Las vistas presupuestarias comienzan en un contexto en el que el tamaño del gasto público ha experimentado importantes cambios durante los últimos años.
El presupuesto aprobado para 2024, elaborado durante la administración de Laurentino Cortizo, ascendió a $30,690 millones luego de ser recortado en la Asamblea Nacional desde una propuesta inicial de más de $32,700 millones.
Un año después, la administración de José Raúl Mulino presentó inicialmente un presupuesto mucho más austero para 2025, por $26,084 millones.
Sin embargo, durante el proceso legislativo el proyecto fue objeto de múltiples ajustes y terminó siendo aprobado por $30,111 millones, apenas $580 millones por debajo del presupuesto vigente de 2024.
La tendencia continuó en 2026. La Asamblea Nacional aprobó un Presupuesto General del Estado de $34,901 millones, la cifra más alta en la historia del país. El monto representó un incremento superior a $4,700 millones respecto al presupuesto aprobado para 2025 y consolidó una expansión significativa del gasto público.
Buena parte de ese crecimiento responde a compromisos considerados ineludibles por el Gobierno, entre ellos el pago de la deuda pública, los intereses asociados al endeudamiento estatal, los aportes extraordinarios a la Caja de Seguro Social y el aumento de recursos destinados a programas sociales e inversión pública.
También influyeron diversos créditos extraordinarios aprobados durante el ejercicio fiscal, que elevaron el gasto efectivo por encima de las cifras originalmente presupuestadas.
La estructura del presupuesto de 2026 contempla gastos corrientes por $19,214 millones y gastos de capital por $15,686 millones. De ese total, más de $11,100 millones corresponden a inversión pública, equivalente a aproximadamente el 12.3% del Producto Interno Bruto (PIB), uno de los niveles más altos registrados en los últimos años.
Entre los sectores que recibieron mayores refuerzos durante la discusión legislativa destacan educación, salud y agro. La Asamblea reasignó $104 millones adicionales al Ministerio de Educación, $26 millones al Ministerio de Salud, $10 millones al Instituto Oncológico Nacional y más de $31 millones para fortalecer programas dirigidos al sector agropecuario.
Las cifras reflejan la creciente presión que enfrentan las finanzas públicas. Mientras el Gobierno busca reducir gradualmente el déficit fiscal para cumplir con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, también debe atender demandas históricas relacionadas con infraestructura, salud, educación, seguridad ciudadana y agua potable.
Por esa razón, las vistas presupuestarias son observadas con atención tanto por el sector privado como por organismos internacionales y analistas económicos. Las solicitudes que presenten las instituciones durante las próximas semanas permitirán conocer cuáles serán las prioridades de gasto para 2027 y qué tan viable será mantener el equilibrio entre la disciplina fiscal y las crecientes demandas de inversión pública.
El resultado de estas discusiones también ofrecerá una primera señal sobre la dirección que tomará la política fiscal de Panamá durante la segunda mitad de la administración Mulino.
En un escenario marcado por elevados compromisos financieros, desaceleración económica regional y mayores exigencias sociales, el presupuesto de 2027 volverá a convertirse en uno de los principales instrumentos para medir las prioridades del Estado y su capacidad para sostener el crecimiento económico sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas.
