El Gobierno nacional oficializó la designación de Marcelo Petroni como el nuevo interventor de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), tras aceptar la renuncia que Virgina Montero presentó el pasado 6 de noviembre. Desde hace varios meses que la prestadora de servicios de salud comenzó a ser investigada bajo la sospecha de que más de $3350 millones habrían sido desviados.
Por medio de la publicación del decreto 1054/2024 en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, autorizaron a Petroni a ocupar el cargo de interventor en medio del proceso de normalización al que fue sometido la obra social, en la que se detectaron una serie de irregularidades. De esta manera, señalaron que será el responsable de presentar a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) un informe mensual de gestión que evalúe la situación de la institución y la evolución que tenga a nivel administrativo y prestacional.
La obra social fue intervenida a mediados de agosto luego del directorio fuera desplazado producto de una investigación que se abrió por la sospecha de que se hubiera cometido un delito relacionado con el lavado de activos. A raíz de esto, el pasado 25 de octubre la Justicia ordenó que la SSS “adopte las medidas de control, supervisión y gestión que estime necesarias” por el plazo de 120 días.
De hecho, la semana pasada el organismo nacional denunció la posibilidad de que se hubieran desviado más de $3350 millones de los fondos que le habían sido asignados a la obra social de los peones rurales. “La rendición de esos fondos se presentó el 7 de diciembre pasado y se aprobó un día después, por eso sospechamos que hubo una administración irregular”, dijo una fuente de la SSS consultada por Infobae.
De la misma manera, el panorama legal se habría complicado luego de que el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Antonio Voytenco, comenzara a ser investigado por presuntas irregularidades financieras, desvío de fondos sindicales y lavados de activos. El proceso fue impulsado por una denuncia de otro dirigente del sindicato, la cual se desarrolla en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, de Federico Villena.
La acusación en contra de Voytenco provocó que los gremios respaladaran su conducción, tras aprobarse por unanimidad que continúe al frente de la representación sindical. La votación se realizó durante el 32° Congreso Nacional Ordinario, en donde llamaron a intensificar la lucha contra el trabajo no registrado.
“Estamos comprometidos con un proyecto federal e inclusivo que defienda los derechos de los trabajadores y sus familias”, aseguró Voytenco. De acuerdo a la información proporcionada por Letra P, el sindicalista remarcó como positivas las implementaciones de convenios colectivos, la recomposición salarial y la incorporación de nuevas actividades como, por ejemplo, el cultivo de cáñamo.
A pesar de esto, desde el gremio afirmaron que el secretario general estaba alejado de la conducción de la obra social. “Desde 2022 hasta hoy estuvo solo 104 días tuvo a cargo OSPRERA: 31 días de julio, 17 de agosto, 30 de septiembre y 26 de octubre”, detalló una fuente de UATRE. Más tarde, a través de un comunicado, el gremio agregó más datos: OSPRERA fue intervenida judicialmente por primera vez el 2/3/2023 debido a denuncias por irregularidades detectadas durante la administración a cargo de su ex vicepresidente -en el cargo desde 2020- Pablo Ansaloni, quien terminó removido de su cargo”.
Al mismo tiempo, hay una disputa feroz para definir dónde debe tramitar la denuncia impulsada por otro dirigente del sindicato, Marcelo Agustín Andrada. Esa presentación señala que Voytenco podría haber utilizado su posición de poder en UATRE para favorecer su propio crecimiento patrimonial, incompatible con sus ingresos declarados. Entre los activos mencionados en la investigación se incluye una lujosa propiedad valuada en más de 1 millón de dólares, ubicada en un club de campo en Cañuelas, además de una colección de relojes de lujo con un valor aproximado de 150.000 dólares.
Según la acusación, el nivel de vida de Voytenco y su relación con ciertos proveedores de servicios de UATRE podrían indicar una red de negocios irregulares, donde se alega que habría recibido pagos en efectivo y otros beneficios en relación con contrataciones de la obra social y del sindicato.