La Unidad Fiscal Rosario amplió la investigación sobre un presunto sistema de explotación sexual de mujeres mediante plataformas digitales, luego de sumar los testimonios de seis nuevas víctimas. Según se informó, la causa ya cuenta con catorce mujeres identificadas.La pesquisa, encabezada por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), también incorporó una nueva imputación por la tenencia de 44 archivos con material de abuso sexual infantil hallados durante un allanamiento reciente.
Durante una audiencia realizada el jueves pasado, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitaron ante el juez federal de Garantías Carlos Vera Barros la prórroga de la prisión preventiva para el acusado, identificado como G. G. N., de 30 años. El magistrado resolvió extender la medida de coerción por 90 días adicionales, en línea con el pedido fiscal y ante la gravedad de los hechos investigados.
La causa es llevada adelante por el fiscal general Javier Arzubi Calvo, junto a la fiscal general interina Soledad García y la fiscal coadyuvante María Virginia Sosa. En representación de PROTEX, participó de la audiencia el auxiliar fiscal Rodrigo Coto Araujo. Los funcionarios detallaron que la investigación avanzó gracias a la intervención de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) del MPF, que posibilitó la declaración de las nuevas damnificadas.
A partir de las declaraciones de seis nuevas víctimas, los fiscales ampliaron el objeto de la investigación, lo que permitió identificar catorce mujeres afectadas por el accionar del imputado. El acusado, de origen rosarino, ya había sido imputado en julio de 2025 por hechos vinculados a tres víctimas, pero la continuidad de la pesquisa permitió detectar más casos y derivó en su detención el 25 de marzo pasado.
La hipótesis fiscal sostiene que desde al menos 2022, G.G.N. habría implementado un esquema sostenido de captación de mujeres jóvenes a través de redes sociales, en particular Instagram, para concertar encuentros sexuales, registrar audiovisualmente esos encuentros y comercializarlos posteriormente en plataformas digitales de alcance internacional. El Ministerio Público Fiscal señaló que el acusado se habría aprovechado de la vulnerabilidad económica de las víctimas y de la promesa de que los videos solo serían distribuidos fuera del país.
Según las representantes del MPF, los testimonios recientes permitieron fortalecer la idea de que el imputado desarrolló un mecanismo sistemático de captación, combinando estrategias de difusión masiva y contactos personalizados. Los fiscales aseguraron que utilizaba una cuenta de Instagram denominada “Argentina Casting”, con una imagen supuestamente profesional y lícita, presentándose como productora de castings en distintas ciudades.
La captación de las víctimas habría ocurrido mediante distintas modalidades. En algunos casos, el acusado contactaba directamente a mujeres jóvenes, ofrecía dinero por participar en grabaciones de contenido sexual y luego comercializaba ese material. Otras veces, publicaba mensajes e imágenes en redes sociales ofreciendo pagos en efectivo para atraer interesadas. Incluso, según se detalló en la audiencia, implementó un sistema de reclutamiento que premiaba económicamente a quienes sumaran nuevas participantes.
Actualmente, G.G.N. enfrenta la imputación de ocho hechos de trata de personas con fines de explotación sexual, en la modalidad de captación y acogimiento, agravados por la cantidad de víctimas, el abuso de situación de vulnerabilidad, el engaño y la consumación de la explotación, en concurso real y como autor. Estos delitos, tipificados en el artículo 145 ter del Código Penal, prevén penas de entre ocho y doce años de prisión. Además, la fiscalía sumó la imputación por un hecho de promoción y facilitación de la prostitución.
En el marco de la audiencia, la fiscal general interina Soledad García y la fiscal coadyuvante María Virginia Sosa remarcaron que “los testimonios refuerzan la hipótesis de un sistema de explotación que utilizaba el engaño, la promesa de dinero y la supuesta confidencialidad internacional para captar víctimas”.
Y durante un allanamiento realizado el 27 de junio de 2025 en el domicilio del acusado, el personal del Departamento de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina secuestró un disco rígido externo que contenía 44 archivos con representaciones de personas menores de 18 años participando en actividades sexuales explícitas o exhibiendo genitales con fines sexuales. Según expusieron los fiscales, entre el material hallado había imágenes de menores de 13 años.
Por este hecho, se le imputó el delito de tenencia de representaciones sexuales de personas menores de edad, agravado por la presencia de material con menores de 13 años. El juez Vera Barros rechazó un planteo de incompetencia presentado por la defensa, dispuso la inhibición general de bienes del imputado y extendió la prisión preventiva.
