En la ciudad santafesina de Recreo, la Justicia avanzó con uno de los casos que mayor conmoción generó en los últimos años en la provincia. Este lunes, el tribunal penal a cargo del juez Pablo Busaniche condenó a los propietarios de la jauría de aproximadamente diez perros que provocaron la muerte de Diego Román, un niño de 12 años, en julio de 2019.
La sala de audiencias de los tribunales santafesinos se vio colmada por familiares, vecinos y representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quienes siguieron de cerca cada instancia del fallo. La decisión judicial puso fin a más de cuatro años de incertidumbre y dolor para la familia del menor.
El juez Busaniche declaró a Iván Reyes y Norma Vega, quienes tenían bajo su custodia a los animales implicados, como coautores penalmente responsables del delito de homicidio culposo. La pena impuesta fue de cuatro años de prisión para Reyes y tres años de cumplimiento condicional para Vega, sanciones que reflejan la gravedad de los hechos y la responsabilidad atribuida a los dueños de la jauría.
Durante el proceso, la fiscal Ana Laura Gioria sostuvo que quedó demostrado en el debate que Diego Román falleció debido a las múltiples mordeduras infligidas por al menos diez perros que estaban bajo la custodia de los imputados. Según la acusación, los animales provocaron lesiones de tal magnitud que derivaron en una hemorragia fatal, un dato central que fue respaldado por los resultados de la autopsia practicada a la víctima.
El tribunal tuvo en cuenta, además, que los acusados tenían pleno conocimiento del nivel de peligrosidad de los perros, debido a que existían antecedentes de ataques previos tanto a personas como a otros animales. Pese a esto, Reyes y Vega incumplieron las medidas de seguridad exigidas por la normativa vigente, lo que permitió que los perros abandonaran el predio y deambularan libremente por la zona.
De acuerdo con lo informado por el portal del diario La Capital, el trágico episodio ocurrió el 3 de julio de 2019 en el Barrio Comunal 3 de Recreo, cuando Diego fue visto por última vez. Tras una intensa búsqueda, su cuerpo fue encontrado al día siguiente en un campo cercano, presentando lesiones compatibles con un ataque animal.
La sentencia dictada por Busaniche representa un antecedente relevante en la provincia en materia de responsabilidad penal por ataques de animales domésticos, y responde a las demandas de la sociedad santafesina respecto del control y tenencia responsable de perros potencialmente peligrosos.
A lo largo del juicio, la Fiscalía presentó una serie de evidencias clave que permitieron reconstruir el ataque. Entre las pruebas más relevantes se encuentran las autopsias realizadas por médicos forenses de Santa Fe y del Cuerpo Médico Forense de la Nación, cuyos especialistas concluyeron de forma coincidente que las lesiones sufridas por el menor eran compatibles con la acción de una jauría.
Los estudios periciales determinaron además coincidencias entre pelos hallados en la ropa de la víctima y algunos de los perros vinculados directamente a los acusados. Este dato fue considerado determinante para atribuir la responsabilidad a Reyes y Vega, ya que no solo prueba la presencia de los animales en el lugar del ataque, sino también la relación de custodia entre los imputados y los canes.
El Ministerio Público de la Acusación remarcó en sus alegatos que los dueños de la jauría habían sido advertidos en más de una oportunidad sobre la necesidad de adoptar medidas de seguridad adicionales, ante la reiteración de episodios violentos protagonizados por sus perros. Sin embargo, las recomendaciones no fueron acatadas, situación que, según la Fiscalía, derivó en el desenlace fatal para Diego Román.
A partir del caso, diferentes organismos provinciales y municipales iniciaron campañas de concientización sobre la importancia de cumplir con las normativas de tenencia responsable, recordando que la falta de control puede derivar en consecuencias graves tanto para personas como para otros animales.
El tribunal santafesino hizo especial hincapié en la necesidad de que las autoridades municipales fortalezcan los mecanismos de control y sanción ante la presencia de animales potencialmente peligrosos en la vía pública. La sentencia enfatiza que la prevención y la vigilancia estricta son herramientas centrales para evitar nuevos hechos trágicos en la provincia.
