En el marco de la investigación por la muerte de Tomás Orihuela, el joven de 19 años que apareció ahorcado en una celda de la Comisaría Sexta, aunque al principio señalaron que era un suicidio, la familia sostiene que se trata de un caso de abuso policial. Tras el reclamo, seis efectivos de la Policía de Córdoba fueron imputados por una detención presuntamente irregular y este viernes, la fiscalía le otorgó prisión domiciliaria a la agente Antonela Romer, acusada de privación ilegítima de la libertad y homicidio culposo. Otros cinco policías siguen imputados pero en libertad mientras se continúa con la investigación.
La medida, dispuesta por el fiscal Andrés Godoy, alcanzó a la única efectiva detenida. De acuerdo con ElDoce, el fiscal consideró que Romero es madre de un niño de 4 años. Además, sostuvo que no existen riesgos procesales que justifiquen la prisión preventiva, ya que considera que Romero no tiene posibilidades de fuga ni de obstaculizar la investigación, además de residir en Deán Funes, a considerable distancia del lugar del hecho.
Orihuela había sido detenido en dos ocasiones en menos de 48 horas: una por estafas vinculadas con la venta de un celular y otra por robo y violación de domicilio, sin embargo, los pedidos de captura estaban vencidos. El joven de 19 años, fue alojado en la Comisaría Sexta, en el barrio General Paz, donde luego lo hallaron ahorcado en una celda.
Tras el episodio, lo trasladaron en grave estado al Hospital Eva Perón y quedó internado en coma por un cuadro irreversible derivado de un edema cerebral, presentando complicaciones pulmonares y renales. Finalmente, Tomás Orihuela, murió el lunes 27 de abril. Esa noche, un patrullero llegó a la casa de la familia para pedir la presencia urgente de sus parientes en el centro médico, donde recibieron la noticia del fallecimiento. El caso derivó en protestas e incidentes ya que el Ministerio de Seguridad señalaba que se trataba de un suicidio y que Tomás se había quitado la vida en la celda. Sin embargo, la familia rechazó esa reconstrucción desde el primer momento.
La situación judicial de Romero se vio agravada por la sospecha de encubrimiento y alteración de pruebas, hechos que también alcanzan a otros efectivos. La investigación apunta a la presunta eliminación de chats comprometedores de los teléfonos de los policías involucrados, incluyendo la supuesta intervención de un comisario que habría facilitado su propio celular para que se borraran mensajes relacionados con la detención de Orihuela.
En uno de los grupos de mensajería de la comisaría, los efectivos se burlaron de la situación de Tomás Orihuela, incluso cuando sabían que las órdenes de captura en su contra ya no estaban vigentes. En los mensajes, compartieron fotos de la detención y expresaron comentarios irónicos como “preso de nuevo”, acompañados de stickers y bromas.
Entre los mensajes, un efectivo sugirió incluso “ponerle resistencia y amenaza”, lo que evidencia el tono despectivo y la falta de justificación legal para mantener al joven detenido. Tras conocerse la muerte de Orihuela, varios miembros del grupo comenzaron a eliminar mensajes y a activar configuraciones para que los chats solo pudieran ser vistos una vez. También circuló una orden interna de borrar toda la conversación y abandonar el grupo, lo que refuerza las sospechas de encubrimiento y alteración de pruebas.
Estos chats quedaron incorporados a la causa y son analizados por la fiscalía como prueba de las irregularidades en el procedimiento policial. La defensa, representada por el abogado Oscar Sarti, reconoció que la imputación incluye alteración de medios de prueba, aunque el contenido de las comunicaciones permanece bajo secreto de sumario. En este contexto, la justicia continúa analizando la actuación policial y las circunstancias del hecho.
