A más de un mes de que la Justicia comenzara a investigar el caso conocido como “Propofest”, Delfina “Fini” Lanusse, la médica residente de anestesiología procesada, utilizó su cuenta personal de TikTok para difundir un mensaje respecto a la investigación. “Las cosas se van a aclarar”, aseguró la joven, tras agradecer el apoyo que recibió en el último tiempo.
Mientras la investigación por la muerte de Alejandro Salazar y el presunto robo de propofol del Hospital Italiano, que habría sido suministrado en supuestas fiestas privadas, continúa su curso, Lanusse aseguró que confiaba en la Justicia y el rumbo que tomaría el proceso.
“La justicia está trabajando. Yo confío en ese proceso y, con el tiempo, por las vías que corresponden, las cosas se van a ir aclarando, eso seguro”, remarcó la acusada, quien manifestó que no podía brindar explicaciones sobre los cargos por los que fue procesada.
Respecto al impacto que tuvo la causa en su vida personal, la residente manifestó: “No puedo creer que esté haciendo este video por TikTok. Nunca me imaginé en la vida entera, pero sentía que, después de tanto ruido, estaba bueno aparecer un poco yo, mi voz, quién soy“. Asimismo, negó ser la persona que “giró por todos lados en las noticias”.
Luego de agradecer a las personas que le brindaron apoyo durante el proceso, Lanusse expresó: “Mientras tanto, intento apoyarme en mi familia, en la gente que me quiere, mis amigos, en lo que soy, en lo que construí durante todos estos años, en el amor que siempre tuve por mi profesión“.
Finalmente, cerró el video con un deseo: “Volver a encontrarme a mí misma o conmigo misma después de todo lo que se haya dicho”. Sin embargo, la grabación permaneció pública pocos minutos, debido a que la residente tomó la decisión de eliminarlo, junto con el resto del contenido que tenía en su perfil.
Luego de que el juez Javier Sánchez Sarmiento confirmara el procesamiento de Lanusse y Hernán Boveri, otro de los anestesiólogos investigados, y ordenara un embargo de $30.929.520, la defensa de “Fini” presentó un pedido para solicitar el revocamiento de la medida. Según esbozaron, no habría pruebas suficientes para sostener la retención de bienes.
De acuerdo con el escrito al que accedió Infobae, se señaló que el procesamiento se basó en testimonios indirectos y apreciaciones subjetivas, sin una reconstrucción precisa de los hechos. En este sentido, argumentaron que no existe ningún testigo que haya visto a Lanusse sustraer medicación ni retirar fármacos de forma irregular. Así, remarcaron que los testimonios referidos en la causa se apoyan en “comentarios de terceros” y percepciones personales, sin constancias directas.
De la misma manera, apuntaron que el magistrado no fundamentó el rechazo de pedidos clave, como la citación de médicos y psicólogos que, a criterio de la defensa, podrían demostrar la inexistencia de consumo problemático de sustancias y la imposibilidad material de los hechos atribuidos a Lanusse. Por esto, consideraron que la actuación del juez impidió producir pruebas esenciales para la defensa.
En el documento se enumeraron varios agravios, entre ellos la falta de un perjuicio económico probado, la ausencia de determinación del aporte concreto de Lanusse, supuestas irregularidades en la obtención y uso de información confidencial y la desproporción del embargo.
Incluso, indicaron que el Hospital Italiano informó que “no se detectaron faltantes de medicación en los años investigados y que el control interno es capaz de registrar hasta la pérdida de una jeringa”. Además, el arqueo realizado por la institución “arrojó resultado sin diferencias”.
En este sentido, la defensa enfatizó que no se identificaron fechas, lugares ni actos concretos de apoderamiento de insumos. También mencionaron que el testimonio de la amiga de Lanusse, Chantal “Tati” Leclercq, refirió a situaciones privadas que se dieron por fuera del ámbito hospitalario, sin relación con los hechos investigados.
Por otro lado, criticaron que el recurso presentado también cuestionó el embargo al sostener que el monto “no tiene correlato” con los hechos ni con los rubros supuestamente afectados. Asimismo, señalaron que el propio juzgado reconoció la imposibilidad de cuantificar el daño patrimonial y que el embargo “excede cualquier cálculo razonable” ante la inexistencia de perjudicado, diferencias de stock o informes anómalos.
Según la apelación, el monto embargado supera en un 323% los valores de los insumos presuntamente involucrados, conforme a la información presentada por la defensa. Por esta razón, los abogados reclamaron la revocación total del procesamiento, el dictado de “falta de mérito” y la producción de las pruebas pendientes. De manera subsidiaria, pidieron la reducción “prudencial” del embargo a un valor acorde con los datos aportados por el hospital.
