Siete mujeres fueron imputadas por el delito de peculado doloso agravado en grado de complicidad primaria en Panamá, en un caso vinculado a la Junta Comunal de Belisario Porras, en el distrito de San Miguelito, como parte de una investigación que revela una presunta afectación económica al Estado por más de $7.3 millones.
La acción fue solicitada por la Procuraduría General de la Nación, a través de su Sección de Investigación y Juicio de Causas Complejas de la Fiscalía Anticorrupción, en el marco de la Operación Eco Distante, que ha puesto el foco en el manejo de fondos públicos en estructuras locales.
De acuerdo con el Ministerio Público, las imputadas habrían recibido cheques en más de una ocasión por supuestos servicios prestados a la junta comunal, sin que exista evidencia documental que respalde dichos trabajos.
La investigación, sustentada en una auditoría de la Contraloría General de la República, determinó que del total de $8,098,668.62 desembolsados, al menos $7,367,683.17 se destinaron a pagos por servicios no comprobados, lo que configura el núcleo del caso que ahora avanza en el sistema judicial.
Durante la audiencia, la juez de garantías ordenó la aplicación de medidas cautelares diferenciadas para las siete imputadas. Tres de ellas deberán cumplir detención provisional, mientras que otras dos quedaron bajo retención domiciliaria.
Las dos restantes deberán presentarse bajo notificación periódica, en una decisión que tomó en cuenta los planteamientos de la Fiscalía y las argumentaciones de las defensas, en un proceso que continuará en las siguientes etapas judiciales.
El caso se originó tras una denuncia presentada por la Autoridad Nacional de Descentralización, que alertó sobre irregularidades en el uso de fondos del Programa de Interés Social asignados a la junta comunal.
A partir de esta denuncia, el Ministerio Público inició una serie de diligencias investigativas, incluyendo la solicitud de una auditoría formal que evidenció un patrón de desembolsos irregulares mediante cheques a favor de un grupo de personas, incluidas las ahora imputadas.
El informe de auditoría también detalla el uso del resto de los fondos públicos, señalando que $262,021.18 fueron destinados a bolsas de comida y productos, $123,566.70 a materiales de construcción, $93,000.00 a apoyo deportivo, y $92,267.57 a apoyos económicos diversos.
Además, se identificaron $160,130.00 en desembolsos sin documentos, lo que refuerza las sospechas de manejo irregular de recursos públicos en distintas áreas de ejecución presupuestaria.
Según el sustento de la Fiscalía, las imputadas habrían recibido pagos individuales que oscilaban entre $1,000 y $2,000, en algunos casos con intervalos menores a 15 días, lo que levantó alertas sobre la frecuencia y justificación de los desembolsos.
Incluso, se detectó que tres de las imputadas recibieron pagos mientras mantenían cargos en otras instituciones del Estado, lo que agrava las sospechas de irregularidad en la asignación de estos recursos.
Durante el periodo investigado, la Junta Comunal de Belisario Porras estuvo bajo la administración de César “Pelé” Caballero, quien fue electo como representante del corregimiento para el periodo 2019-2024.
En esos años se realizaron la mayoría de los desembolsos que hoy son objeto de investigación, relacionados con pagos por supuestos servicios prestados que no cuentan con sustento documental suficiente, según las auditorías practicadas.
Caballero falleció el noviembre de 2023, tras ser asesinado a tiros frente a su residencia, en medio del ejercicio de su cargo. Este hecho ocurrió antes de que avanzaran las actuales fases del proceso judicial, por lo que las investigaciones se concentran en la gestión administrativa desarrollada durante su periodo.
Como parte del avance del caso, previamente se había vinculado a un extesorero de la junta comunal, procesado por su presunta participación en el manejo irregular de recursos del Programa de Interés Social y fondos de descentralización.
Este elemento ha sido clave para reconstruir la ruta de los desembolsos y establecer posibles irregularidades en el uso de dinero estatal.
Este caso no es aislado. En diciembre de 2025, por esta misma causa, fueron imputados y enviados a detención provisional dos exfuncionarios de la junta comunal, lo que indica que la investigación se ha ido ampliando para abarcar a distintos actores involucrados en la presunta trama.
La Fiscalía ha reiterado que las investigaciones continúan con el objetivo de deslindar responsabilidades y determinar la participación de otros posibles implicados.
El caso de Belisario Porras se suma a una serie de operativos anticorrupción realizados en 2026 en distintas partes del país. Entre ellos destacan la Operación Comuna en Arraiján, donde fueron detenidos exfuncionarios por una lesión patrimonial superior a $815,000, y la Operación Litus en Colón, que derivó en la captura de un exalcalde y otros implicados en desvío de fondos.
Asimismo, se han registrado imputaciones en juntas comunales como San Francisco y Ancón, evidenciando un patrón de investigaciones en gobiernos locales.
Las cifras reflejan un incremento significativo en las denuncias por corrupción, que aumentaron un 71% hacia el cierre de 2025, manteniendo presión sobre el sistema judicial en 2026. Actualmente, las fiscalías anticorrupción gestionan más de 4,700 causas activas, siendo el peculado el delito predominante, con más de 700 investigaciones en curso.
A nivel internacional, Panamá mantiene una puntuación de 33 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción, ubicándose en la posición 116 a nivel mundial.
