María Corina Machado y Edmundo González Urrutia denunciaron este sábado la muerte de Alfredo Díaz, ex gobernador del estado Nueva Esparta, bajo custodia del régimen de Nicolás Maduro mientras permanecía detenido en El Helicoide, la principal sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas. El caso ha reabierto las alertas sobre la situación de los presos políticos y el uso del sistema penitenciario como herramienta de represión.
En un comunicado conjunto, los líderes opositores venezolanos indicaron que Díaz es “una nueva víctima del régimen criminal de Maduro”. El texto subraya que “estaba bajo la custodia del régimen de Nicolás Maduro” y sostiene que “su integridad y su vida eran responsabilidad exclusiva de quienes lo mantenían arbitrariamente secuestrado en una sede que ha sido ampliamente denunciada por organismos internacionales como un centro sistemático de torturas y otras violaciones a los Derechos Humanos”.
Para los firmantes, “esto no puede tratarse como un fallecimiento común; es un crimen bajo la responsabilidad del régimen”.
Díaz fue detenido en agosto de 2024 en el contexto de la represión posterior a las elecciones presidenciales. Desde entonces permanecía recluido en El Helicoide, instalación que ha sido mencionada reiteradamente por la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos y por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos como escenario de torturas, tratos crueles y aislamiento prolongado de detenidos políticos.
El comunicado enmarca la muerte del ex gobernador en una “alarmante y dolorosa cadena de fallecimientos de presos políticos detenidos en el contexto de la represión post-electoral del 28 de julio”.
Los firmantes afirman que, con Díaz, “son 7 los secuestrados fallecidos bajo custodia luego del 28 de julio de 2024” e incluyen una lista de nombres que, según la oposición, murieron en circunstancias similares, entre ellos Edwin Santos, Jesús Martínez, Lindomar Amaro, Jesús Rafael Álvarez, Osgual González, Reinaldo Araujo y Alfredo Díaz.
Los autores del documento describen un patrón de violaciones que, a su juicio, incluye “la negación de atención médica, condiciones inhumanas, aislamiento y torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
Añaden que el sistema de seguridad y penitenciario “ha sido instrumentalizado para perseguir, castigar y quebrar a quienes piensan distinto”, en línea con denuncias formuladas en informes recientes de la ONU y de ONG como Foro Penal.
En informes publicados entre 2020 y 2024, la Misión Internacional de la ONU concluyó que existen “motivos razonables” para considerar que los servicios de inteligencia venezolanos han aplicado políticas de Estado que derivan en crímenes de lesa humanidad, entre ellos encarcelamientos arbitrarios, tortura y violencia sexual.
La ONU sin éxito un acceso sostenido e irrestricto a centros como El Helicoide y la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
El comunicado también incluye un mensaje directo a la familia del ex gobernador. “A su esposa Leynys, a sus hijos, familiares, amigos, compañeros de Acción Democrática y a todo el pueblo de Nueva Esparta, les enviamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad en este momento de inmenso dolor”, señalan los firmantes, que califican la pérdida de Díaz como algo que “nos duele e indigna a todos”.
En su mensaje en X, Machado también envió sus condolencia: “Nuestra fuerza y oraciones para sus familiares y amigos. Venezuela los acompaña en su profundo dolor”.
Hasta la noche de este sábado, el régimen de Nicolás Maduro no había ofrecido una versión oficial sobre las causas de la muerte. En casos previos de fallecimientos bajo custodia, las autoridades han atribuido los decesos a causas naturales o problemas de salud preexistentes, mientras familiares y defensores han denunciado falta de atención médica o condiciones de detención incompatibles con la vida.
González y Machado cierran el comunicado con una advertencia: “Que quede claro: documentaremos cada omisión y cada responsabilidad. No habrá impunidad. La justicia llegará para Alfredo y para cada una de las víctimas de esta tragedia”.
La frase sintetiza la estrategia opositora de llevar estos casos a instancias internacionales, en un escenario en el que los recursos internos resultan prácticamente cerrados para las víctimas y sus familias.
La muerte de Alfredo Díaz se suma así a un historial de denuncias sobre torturas, negligencia y uso político de las prisiones venezolanas.
De acuerdo con la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 884 presos políticos, de los cuales 85 tienen otra ciudadanía o doble nacionalidad, según un boletín difundido este sábado.