El lema del gobierno de Javier Milei es que todo lo que pueda estar en manos de los privados lo esté. Y a pesar de que resta menos de un mes para que finalice el año, en el equipo económico tienen un desafío: quieren que Intercargo y Transener ya no sean del Estado antes de 2026. A la vez, buscan concretar el traspaso de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) antes del primer trimestre de 2026.
La semana pasada, el Gobierno se aseguró casi USD 700 millones con la privatización de las cuatro principales represas hidroeléctricas ubicadas en la región del Comahue, sobre los ríos Limay y Neuquén. Se trata de una operación que contribuye a sumar reservas internacionales al Tesoro en un momento en donde el balance del Banco Central de la República Argentina (BCRA) luce complicado.
Privatizar Intercargo y Transener
“Queremos que Intercargo y Transener estén en manos de los privados antes de fin de año”, destacó un alto funcionario del Ministerio de Economía a Infobae. Pese a que falta menos de un mes para que termine el 2025, es un proceso que inició a comienzos del año corriente.
En el caso de Intercargo, el Estado se desprenderá por completo de la empresa: se venderá el 100% del paquete accionario a través de una licitación pública nacional e internacional. Además, no se prevé el otorgamiento de preferencias ni la incorporación de un Programa de Propiedad Participada. “No vale más que sus activos, USD 30 millones”, destacaron fuentes involucradas en la operación cuando se les consultó respecto a cuántos dólares podría aportarle a Caputo.
“La Agencia de Transformación de Empresas Públicas será la encargada de coordinar el cumplimiento del cronograma que establece un plazo de ocho meses para completar el proceso de privatización desde la fecha. Además, solicitará a una entidad bancaria perteneciente al sector público nacional la tasación del paquete accionario de la compañía», comunicaron en la Secretaría de Transporte en su momento.
El futuro de AYSA
Sin embargo, la administración libertaria no se detendrá con estas dos empresas, sino que la próxima en la lista es Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA). “Entre febrero y marzo tiene que estar en manos de privados”, destacaron, pero antes de ello tienen que volver el modelo de negocio atractivo. En otras palabras, el ministro de Economía avanzará con los recortes de subsidios.
Luego de la victoria oficialista en las elecciones de medio término, en noviembre se autorizó un aumento en las boletas de luz y gas de 3,8% y ahora para diciembre del 2,8%, en línea con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) de ajustar el gasto en esta variable. En el caso de AySA, hay aumentos todos los meses del 1%. Ante la consulta de Infobae, fuentes oficiales de la empresa no ofrecieron respuesta sobre cuánto falta ajustar la tarifa.
Al anunciar los incrementos mensuales, el Gobierno explicó que estas actualizaciones forman parte del plan para reducir progresivamente los subsidios al consumo de servicios públicos, en línea con los compromisos fiscales asumidos por la actual gestión. Según datos oficiales, AySA presta servicio a más de 14 millones de personas en 26 partidos del conurbano bonaerense y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que cada modificación tiene un impacto amplio en el entramado social y económico de la región.
Privatización de Comahue
La apertura de las ofertas económicas para las centrales Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón y Arroyito y Cerros Colorados/Planicie Banderita tuvo lugar el viernes 28 de noviembre. Los mejores puntajes correspondieron principalmente a operadores locales, que desplazaron la participación de compañías multinacionales extranjeras.
La represa Alicurá, con una capacidad instalada de 1.000 megavatios, recibió la propuesta más alta de Edison Inversiones, que ofreció USD 162 millones por la concesión. En la actualidad, la filial argentina de AES, empresa estadounidense, gestiona esta central y presentó una oferta de USD 130 millones para renovar su gestión.
Para Piedra del Águila, con 1.400 megavatios de potencia, Central Puerto se posicionó como principal oferente con una propuesta de USD 245 millones, situación que permitiría que esta central permanezca bajo la administración de su operador histórico.
Respecto al complejo Cerros Colorados (Planicie Banderita), con una capacidad de 450 megavatios, BML Inversora presentó la mayor oferta, alcanzando USD 41,7 millones. Desde el mes pasado, esta compañía ya controlaba la central tras adquirirla a Aconcagua Energía, que había asumido la gestión tras el retiro de Orazul, empresa estadounidense que operó históricamente el complejo.
Caputo había señalado que esperaba recaudar USD 500 millones por los cuatro complejos, considerando las privatizaciones como una fuente fundamental de ingreso de divisas. No obstante, el Gobierno se garantizó un ingreso mínimo de USD 685 millones con estas cuatro operaciones.