El Tribunal de Impugnación de Chubut declaró este jueves en rebeldía a Maximiliano Manuel Lagos, uno de los cuatro condenados a cadena perpetua y posteriormente absuelto en agosto de 2025, por el crimen de Oroño Uriarte, ocurrido hace más de una década.
La medida fue tomada tras varios intentos fallidos de notificar al imputado sobre la audiencia programada para el 5 de diciembre, donde se debatirá la absolución de los acusados en la causa. Lagos no fue hallado en la dirección consignada ante la Justicia ni respondió a los llamados y mensajes de las autoridades, lo que llevó a las autoridades a actuar en consecuencia.
Esta situación se originó luego del fallo absolutorio dictado por el Tribunal, que dispuso la libertad de todos los imputados al hacer lugar a los recursos presentados por las defensas, que cuestionaron la interpretación de pruebas genéticas, pericias odorológicas y testimonios incorporados en el proceso.
Lagos recuperó la libertad el 8 de agosto, mismo día en que se informó la decisión, y se retiró del Establecimiento de Ejecución Penal N° 5 de Cipolletti, declarando como residencia una vivienda en la calle Chubut al 1000 de la ciudad de Neuquén.
Pero desde el 3 de octubre, cuando la Oficina Judicial de Cipolletti intentó contactarlo para comunicarle sobre la próxima audiencia, no tuvo respuesta. A cambio, un allegado respondió por WhatsApp que el hombre había desaparecido a los cinco días de ser liberado, y que desde entonces no se había tenido más noticias de su paradero. Ante esta situación, la Fiscalía solicitó a la Policía de Neuquén intentar la notificación en el domicilio declarado, pero la persona que actualmente reside allí aseguró que vive en esa dirección desde hace más de un año y manifestó no conocer a Lagos.
“Más allá que tenga una sentencia absolutoria, esa sentencia no está firme, estamos en medio de un proceso. Las partes acusadoras hemos interpuesto una impugnación contra esa sentencia y por eso se necesita que esté presente”, argumentaron desde el Ministerio Público, respecto a la audiencia de impugnación, en la cual se debatirán los recursos contra la última resolución.
Según indicó LM Nequén, la policía provincial inició una búsqueda formal del hombre a través de la Dirección Judicial, sin obtener resultados hasta el momento. No obstante, las autoridades buscaron llegar a Lagos a través de su abogado defensor, pero no obtuvieron datos precisos. Esta situación llevó a que se lo declare en rebeldía y se ordene su detención, ya que su ausencia impide avanzar en la audiencia de revisión de las condenas, fijada para el próximo 5 de diciembre.
La decisión del Tribunal
José Jafri, Néstor Cau y Germán Ángel Antilaf forman parte del cuarteto que se benefició con la decisión judicial informada el 9 de agosto de 2025, y por la cual casi todos recuperaron su libertad, incluido Lagos.
Según detalla el fallo, las defensas cuestionaron la interpretación de los elementos de prueba incluidos en el juicio por el crimen de Otoño Uriarte, quien al momento de su muerte tenía 20 años. Su cuerpo fue hallado en abril de 2007 en un canal de riego cercano a la ciudad rionegrina de Cipolletti. Tenía signos de haber sido violada durante un tiempo prolongado.
Los jueces subrayaron contradicciones en informes periciales sobre el ADN hallado en un cabello, el llamado “pelo 17”. La genetista afirmó en el debate oral que las características excluían a Jafri y a cualquier miembro de su línea paterna como aportantes, en abierta contradicción con la sentencia condenatoria previa.
Además, los magistrados remarcaron que el material genético extraído del nylon, que envolvía a la víctima, estaba degradado hasta el punto de impedir cualquier identificación precisa. También hicieron reparos respecto a la pericia odorológica con canes, ya que el informe reconocía riesgo de falsos positivos y expuso falencias en los procedimientos y condiciones del material analizado. El tribunal consideró que la prueba “no alcanzaba el rigor científico necesario”.
Los jueces reconocieron además el impacto del tiempo en el desarrollo de la causa. La prolongada demora afectó la calidad y conservación de las pruebas, lo que dificultó evaluar los hechos con certeza. A raíz de este panorama, el tribunal absolvió a los cuatro acusados y ordenó su excarcelación inmediata, aunque Antilaf sigue detenido por otras causas.
Tras la decisión, el intendente de Fernández Oro, Gustavo Amati, manifestó su rechazo y cuestionó la disparidad de criterios entre los jueces que intervinieron a lo largo de la investigación.