Paloma tiene 21 años y desde hace largo tiempo su vida está marcada por el miedo y la ansiedad. Necesita medicación para dormir y atraviesa un tratamiento psicológico y psiquiátrico. Vive con la amenaza de cruzarse en la calle con el hombre que, según la Justicia, la sometió a abusos sexuales cuando era una nena y también en su adolescencia. Ese hombre, que además es su padre, recibió una condena pero nunca fue preso.
El caso se mantiene abierto y sin resolución definitiva desde hace más de dos años, aunque el Tribunal en lo Criminal N°2 de Bahía Blanca sentenció a Marcelo Gustavo Ruiz, hoy de 61 años, a 18 años de prisión por los hechos. El fallo llegó en junio de 2023, pero Ruiz sigue viviendo en libertad, a unos dos kilómetros de la casa donde Paloma vive con su madre, Luciana, en el centro de Bahía Blanca.
A pesar de los pedidos para que se efectúe la detención, la Justicia bonaerense determinó que la sentencia recién se cumplirá una vez que quede firme. El expediente circula ahora entre instancias de apelación, y aunque el Tribunal de Casación confirmó la condena, la defensa interpuso un nuevo recurso que busca postergar la ejecución de la pena, según pudo saber Infobae.
Mientras tanto, Luciana expresa con bronca e impotencia la situación: “Mi hija todavía está con tratamiento psiquiátrico y psicológico. Estamos esperando hace dos años y medio que detengan a este violador. Es una tomada de pelos, ya no sabemos qué pensar. Pedimos justicia. Ella vive con miedo porque lo cruzamos y se nos caga de risa”, dijo en diálogo con este medio.
Luciana y su madre -la abuela de Paloma- se organizaron con un grupo de mujeres para pegar folletos en distintos puntos de la ciudad y visibilizar el reclamo. Estos carteles con la historia que la Justicia aún no cerró por completo circulan también en las redes sociales.
De acuerdo con la investigación, los abusos denunciados ocurrieron en cuatro ocasiones. Los primeros episodios fueron cuando Paloma tenía 11 años y el resto cuando tenía 15; tres de los ataques fueron en la vivienda familiar, y otro en el interior de un vehículo.
La denuncia contra Ruiz se radicó a principios de 2020. Paloma y su madre confiaron en el avance del expediente y participaron del juicio oral celebrado en mayo de 2023, que duró tres días. En ese proceso, un jurado popular halló culpable a Ruiz y, un mes más tarde, el juez Eugenio Casas impuso la pena de 18 años de prisión.
Pero en todo este tiempo, Ruiz nunca fue privado de su libertad. Le prohibieron salir del país y le impusieron una orden de restricción de acercamiento hacia Paloma, quien dispone de un botón antipánico. La familia cuenta que viven pendientes de la ubicación del condenado, dado que temen encontrárselo en la vía pública. Ruiz trabaja en tareas de pintura y se mueve por la ciudad habitualmente.
Luciana contó que la Justicia interpretó que, como Ruiz se presentó a cada citación judicial y no mostró intenciones de fugarse, corresponde esperar la firmeza de la condena para ordenar la prisión efectiva.
Sin embargo, desde la fiscalía y el entorno de Paloma advierten el riesgo que implica la libertad del condenado y consideran que la demora perjudica tanto a la víctima como al conjunto de la sociedad. “Dejaron a un violador suelto”, lamenta Luciana.
Ahora la fiscalía N°4 a cargo Diego Torres argumenta en una nueva presentación que el último recurso de la defensa no suspende los plazos y que corresponde avanzar con la detención, según informaron fuentes judiciales a este medio.
En medio de este proceso, Paloma -cuyo nombre en esta nota se publica con el aval de la familia, para visibilizar lo que vive y el reclamo de justicia que sigue sin obtener respuestas realistas- busca reconstruirse. Palabras de su madre reflejan el peso de la espera: “Mi hija me dice ‘mamá, yo voy a empezar a sanar cuando él esté preso’”.