La familia de Arturo Ruiz García, asesinado en 1977 cuando participaba en una manifestación celebrada en Madrid, ha reclamado formalmente al Ministerio del Interior desclasificar cualquier documentación catalogada de secreto o en archivo sobre el crimen
El hermano de la víctima, Miguel Ángel Ruiz García, ha registrado esta mañana un escrito en este sentido ante el Ministerio, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Memoria Democrática, que recoge el derecho a la consulta de cualquier informe a las víctimas de crímenes acontecidos en la Guerra Civil, la dictadura o durante la transición hasta la promulgación de la Constitución en 1978.
Lo ha hecho acompañado junto a otros miembros del Colectivo Olvidados de la Transición (COT) y de los abogados Juan Manuel Alcoceda, Mauricio Valiente y Amanda Meyer (ambos dirigentes de IU y del PCE).
En su escrito, la familia de Arturo Ruiz relata que fue asesinado el 23 de enero de 1977 a manos de un comando ultraderechista, denominado ‘Guerrilleros de Cristo Rey’, y reclama examinar documentos sobre este grupo y sus integrantes, así como si tuvieron alguna relación entonces con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
EL AUTOR HUIDO EN ARGENTINA
Además, exigen el acceso a cualquier informe o dossier que pueda arrojar luz sobre si hubo presunta colaboración del Estado para la «huida» a Argentina del hombre identificado como el autor de los disparos que causaron la muerte de Arturo Ruiz en esa protesta, José Ignacio Fernández Guaza.
La petición de desclasificación, a la que ha tenido acceso Europa Press, expone que entre la muerte del dictador Francisco Franco y la promulgación de la Carta Magna de 1978 se produjeron en España «múltiples asesinatos de naturaleza política perpetrados por grupos de extrema derecha o motivados por dicha ideología».
En este sentido, subraya que la mayoría de los procesos penales incoados con el fin de esclarecer tales crímenes acabaron archivándose, ya fuera por falta de autor conocido, fuga de los mismos o por aplicación de la Ley de Amnistía de 1997.
«A día de hoy y pese a las reiteradas demandas de justicia, verdad y reparación realizadas por los familiares de las víctimas, muchos de los delitos a los que dieron lugar aquellos hechos han sido declarados prescritos. Este es el caso de Arturo Ruiz García», ahonda el escrito cursado ante el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska.
DERECHO A ESCLARECER EL ASESINATO
Asimismo, recalca que José Ignacio Fernández Guaza ha hecho declaraciones públicas en Argentina donde admite que fue miembro del comando ‘Guerrilleros de Cristo Rey’ y que mantenía una «estrecha» relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
«La fuga al extranjero del responsable con posterioridad a los hechos sirvió entonces como justificación a las autoridades para abandonar la investigación», lamenta la familia para añadir que, a pesar de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional «ha mantenido en todo momento su rechazo a reabrir la causa por considerar prescrito el delito», impidiendo con ello conocer la verdad de su muerte «más allá de las revelaciones hechas a la prensa por el fugado».
No obstante, defiende que la normativa actual recoge el derecho a esclarecer el crimen y el acceso a cualquier expediente secreto en manos de Interior, dado que existen «múltiples indicios» sobre una posible conexión entre el autor confeso de los asesinatos con «servicios policiales y parapoliciales de la dictadura», lo que hace «especialmente intensa la obligación del Estado de investigar los hechos, aportar verdad sobre ellos y proporcionar a las víctimas y a la sociedad toda información de la que disponga».
Por tanto, la familia de Arturo Ruiz reclama el acceso a todos los informes policiales elaborados por este caso o de otros crímenes que presuntamente están vinculados con este grupo ultraderechista.