Entre aplausos y luego de despotricar contra las demás instituciones, la primera vicepresidenta del Congreso de la República, Patricia Juárez, reconoció que la labor parlamentaria “no ha estado a la altura”. La fujimorista brindó dichas expresiones durante su exposición en el CADE Ejecutivos 2024, desarrollado en la ciudad de Arequipa.
“Tengo que hacer un mea culpa, porque creo que no hemos estado a la altura de las circunstancias a pesar de los buenos propósitos de algunos”, mencionó, no sin antes cuestionar a las instituciones que conforman el sistema de justicia nacional. Entre ellas, al Ministerio Público, al Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia y al Tribunal Constitucional, a las cuales cuestionó por desconocer las criticadas normas promulgadas por el Parlamento.
“Hay algunas instituciones que pretenden tener una autonomía ilimitada y, sin embargo, lo que no respetan o tienen en cuenta es que un sistema democrático se sostiene por un ejercicio de pesos y contrapesos”, aseveró.
“No podemos tener, por ejemplo, un Ministerio Público que simplemente desconoce las normas que el Congreso de la República, en ejercicio de sus atribuciones, aprueba. No podemos tener un Poder Judicial que, a través de acciones de amparo, lo que hace es paralizar cualquier tipo de decisión que el Congreso de la República haya tomado. Tenemos una Junta Nacional de Justicia que en los últimos tiempos ha actuado como un poder autónomo, como si fuera un poder más del Estado. Y tenemos a un Tribunal Constitucional enfrascado en sus propios problemas internos”, finalizó.
Congreso aprobó leyes que afectan la institucionalidad
De acuerdo a un informe de Ojo Público, solo entre el inicio de su legislación hasta julio de este año, el Congreso de la República ha aprobado al menos 32 normas que afectan la institucionalidad del país, con un Ejecutivo sin interés de hacer contrapeso.
Entre las leyes se encuentran la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2002, límites a la cuestión de confianza, límites al referendum, reducción de multas a candidatos, la ley que atenta en contra de la autonomía de la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu), la eliminación del límite de edad máxima para la docencia, exoneración de IGV a restaurantes y ley Soto.
La más reciente de las normas cuestionadas aprobadas en el Congreso es la imputabilidad de menores de 16 y 17 años, a fin de que sean juzgados y sancionados penalmente por delitos graves, como terrorismo, homicidio calificado, secuestro y extorsión, entre otros.
Tal fue la sorpresa de la gestión parlamentaria que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advirtió que la norma es contraria a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).
“Ellos/as están en una etapa de desarrollo y por ende deben ser juzgados y sancionados dentro del Sistema Penal Judicial Juvenil especializado que está orientado a garantizar su reinserción social”, mencionaron e instaron al país a seguir cumpliendo con el compromiso asumido con la infancia cuando ratificó la CDN en 1990.
