Las aerolíneas de bajo coste han sido una herramienta clave a la hora de democratizar el acceso al transporte aéreo, pero a costa de estrategias comerciales que han ido generando cada vez más polémicas. Estas prácticas, consideradas abusivas, les han permitido seguir ofreciendo precios competitivos mientras añadían cargos adicionales por servicios que muchos consideraban esenciales. No obstante, una sanción histórica de 179 millones de euros impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 pone en jaque este modelo y establece un precedente clave para el sector aéreo.
Desde su llegada al mercado, las aerolíneas low cost han buscado maximizar sus ingresos mediante estrategias de segmentación de servicios. Esto incluye el cobro por elementos que tradicionalmente estaban incluidos en el precio del billete. Entre las prácticas más controvertidas destaca el cobro por equipaje de mano, que muchas aerolíneas justifican alegando limitaciones de espacio y costos operativos. Asimismo, los pasajeros han denunciado cargos adicionales por reservar asientos contiguos cuando viajan con menores o personas dependientes, algo especialmente sensible desde el punto de vista de los derechos del consumidor.
Otras tácticas incluyen imponer tasas desproporcionadas por imprimir la tarjeta de embarque en el aeropuerto y no aceptar pagos en efectivo en aeropuertos españoles, limitando las opciones de los usuarios. La multa, la más elevada contra estas empresas hasta la fecha, afecta directamente a varias aerolíneas. Compañías como Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea son las principales señaladas, y la acción reguladora en España podría sentar un precedente de alcance comunitario.
Un modelo que podría extenderse por la UE
Esta sanción subraya la necesidad de armonizar las reglas de protección al consumidor en el ámbito aéreo dentro de la UE. Aunque algunas de las prácticas denunciadas ya habían sido cuestionadas por tribunales europeos, como el derecho a llevar equipaje de mano sin coste adicional, no existe una aplicación uniforme en todos los países miembros.
Con España liderando una postura firme contra las aerolíneas, otros Estados miembros podrían inspirarse en esta acción para intensificar la regulación en sus territorios. Además, el debate sobre el equilibrio entre la libertad comercial de las aerolíneas y los derechos de los pasajeros podría llegar a instituciones comunitarias, como la Comisión Europea, para revisar o actualizar la normativa vigente en materia de transporte aéreo.
Las aerolíneas recurrirán la sanción a la Audiencia Nacional
Las quejas contra estas prácticas llevaron al Ministerio de Consumo a iniciar en 2023 una investigación por infracciones “muy graves” a la Ley General de Defensa de los Consumidores. Este viernes, el ministro Pablo Bustinduy anunció sanciones contra cinco aerolíneas. Estas compañías deberán asumir multas proporcionales a los beneficios obtenidos con estas tácticas, siendo Ryanair la más afectada, con 107,7 millones de euros.
Las aerolíneas sancionadas anuncian su intención de recurrir la multa ante la Audiencia Nacional, anunciando que solicitarán medidas cautelares para evitar modificar sus políticas hasta que haya una sentencia firme. Según Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) y director general de easyJet España, estas medidas buscan evitar “daños irreparables” mientras se dirime el proceso judicial, que podría extenderse hasta dos años. La IATA también ha reaccionado, calificando las sanciones de “bofetada a los viajeros”. Argumentan que prohibir los cargos por servicios como el equipaje de mano limitará la libertad comercial de las aerolíneas y encarecerá los billetes para todos los pasajeros, eliminando opciones más económicas.
Por ahora, las compañías pueden continuar aplicando las políticas sancionadas, a la espera de que la Audiencia Nacional decida sobre las medidas cautelares y el fondo del asunto. Si el tribunal falla en su contra, las aerolíneas no solo deberán cesar dichas prácticas, sino que las multas podrían incrementarse en función del tiempo en que las hayan mantenido desde la imposición inicial de la sanción. Este desenlace podría marcar un precedente clave para la regulación del sector aéreo en España y Europa.